“No es opcional”: PS recurre a Contraloría por test de drogas del Gobierno ante “eventual incumplimiento a la Ley”

Parlamentarios del Partido Socialista presentaron un requerimiento ante la Contraloría General de la República para que investigue un eventual incumplimiento del Gobierno en la aplicación de exámenes de drogas obligatorios a altas autoridades al momento de asumir sus cargos.

La acción fue ingresada por la senadora Daniella Cicardini y los diputados Daniel Manouchehri y Juan Santana, quienes solicitaron verificar si ministros, subsecretarios, delegados presidenciales, seremis y jefes de servicio cumplieron con la exigencia establecida en la Ley N°21.806.

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La normativa obliga a realizar un test de drogas mediante muestra de pelo y a hacer públicos sus resultados desde el inicio de funciones.

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Según los parlamentarios, a más de un mes desde la asunción de diversas autoridades, no existe información oficial que permita confirmar si estos exámenes se realizaron en tiempo y forma. Por ello, pidieron al ente contralor determinar si hubo infracciones, además de precisar fechas, condiciones y nivel de publicidad de los test.

“Si los exámenes se hicieron, el gobierno debe informar sus resultados. Y si no se hicieron, debe explicar por qué no cumplió una obligación legal“, afirmó Manouchehri, quien advirtió que la transparencia “no es opcional”.

En la misma línea, Cicardini emplazó al Ejecutivo a aclarar si las autoridades se sometieron a estos exámenes, cuestionando la ausencia de resultados públicos.

Por su parte, Santana subrayó que la ley es clara respecto a la obligatoriedad y la publicidad de los test, descartando interpretaciones flexibles o dilaciones administrativas.

El requerimiento también busca que la Contraloría defina el alcance temporal de la norma, considerando que el examen debe realizarse al momento de asumir. Además, los legisladores recordaron que esta medida apunta a reforzar principios de probidad, transparencia y legalidad en el ejercicio de cargos públicos, por lo que su eventual incumplimiento podría derivar en responsabilidades administrativas.