Cocaína encontrada en comisaría de Carabineros en Pucón desata pugna judicial: Corte Suprema define que causa quede en la justicia civil

Durante el 11 de junio de 2025, el supuesto hallazgo de 284 gramos de cocaína en los calabozos de la 9ª Comisaría de Carabineros en Pucón derivó en una disputa entre la justicia militar y el Ministerio Público por la investigación, la que finalmente fue resuelta por la Corte Suprema.

Concretamente, el caso se originó cuando una funcionaria que realizaba labores de aseo detectó una bolsa oculta en el desagüe del baño de los detenidos.

Según consta en el parte policial, “se percató que la rejilla del desagüe no se encontraba en su lugar y al proceder a colocarla en la forma correcta (…) se da cuenta que había una bolsa de color transparente (…) con una sustancia de color blanco, con forma de rectángulo”, la que posteriormente fue confirmada como cocaína tras pruebas químicas.

De acuerdo con el mismo documento, la sustancia incautada alcanzó un peso total de 284 gramos, lo que encendió alertas al interior del recinto policial. El procedimiento fue informado tanto a la Fiscalía Militar de Temuco como al Ministerio Público, dando paso a una controversia sobre qué organismo debía liderar la investigación.

Desde la justicia militar se argumentó que el caso debía quedar bajo su jurisdicción, apelando al rol de las Fuerzas Armadas y de orden. En un informe firmado por el juez militar Claudio Mardones se sostuvo que “por cuanto estos detentan legítimamente el monopolio de las armas en un Estado de Derecho, deben ejercer esas funciones en pleno uso de sus facultades cognitivas y sensoriales”.

Por su parte, el Ministerio Público planteó que no existían antecedentes que vincularan directamente a funcionarios policiales con el delito, apuntando a la eventual participación de un civil. Esta postura fue respaldada por el fiscal judicial de la Corte Suprema, Jorge Pizarro, quien indicó que “no se advierte justificado el elemento personal, por cuanto de momento no existe un funcionario militar sindicado como presunto responsable del hecho”.

El informe también consignó que “aparecería una persona civil como sujeto de interés penal”, en un contexto donde las cámaras de seguridad no cubrían el interior de los baños, dificultando la identificación del responsable.

Finalmente, el máximo tribunal resolvió que la causa debía continuar en la justicia ordinaria. En su fallo, la Corte Suprema señaló que “se trata de un delito común y que del avance de la investigación la responsabilidad podría recaer en civiles”, por lo que instruyó que el caso sea tramitado en el Juzgado de Letras, Familia y Garantía de Pucón.

Desde Carabineros evitaron referirse al fondo del caso debido a que se encuentra en proceso judicial. Sin embargo, trascendió que las primeras hipótesis apuntan a la posible intervención de un civil, lo que también abrió cuestionamientos sobre los protocolos de revisión y control de detenidos al interior del recinto.