Reportan que Ministerio de Justicia descabezó Plan Nacional de Búsqueda impulsado por Boric
En detalle, se desvinculó a tres funcionarias clave del plan, bajo el argumento de “nuevos lineamientos” y pérdida de confianza.
Agencia Uno
Un nuevo foco de tensión política se abrió este martes luego de que se conociera la salida de tres funcionarias que cumplían roles clave en el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, iniciativa impulsada durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric.
La información fue dada a conocer por The Clinic, medio que reportó que las desvinculaciones se concretaron en el Ministerio de Justicia, hoy encabezado por Fernando Rabat, y afectan directamente a áreas estratégicas del programa de derechos humanos.
La principal salida corresponde a Paulina Zamorano, quien se desempeñaba como jefa del programa de Derechos Humanos de la cartera, oficina considerada el ancla del plan. Junto con ella, también dejaron sus cargos Tamara Lagos, jefa del área de archivos e investigación documental, y Magdalena Garcés, hasta ahora encargada del área de búsqueda y trayectorias. Según el reporte, las tres desvinculaciones se ejecutaron durante este martes 31 de marzo.
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Documentos apuntan a nuevos lineamientos y relación de confianza con la nueva administración
De acuerdo con el documento al que accedió The Clinic, la salida de Paulina Zamorano fue oficializada con la firma del ministro Fernando Rabat, mediante el término anticipado de su designación a contrata. En el texto se sostiene que el cargo exige una relación directa con la nueva autoridad y que esa confianza resulta indispensable por el tipo de funciones que cumple la jefatura del programa.
El mismo escrito señala: “Esta confianza es requerida en atención al cargo y se funda en el hecho de que se trata de una colaboradora directa e inmediata del Subsecretario de Derechos Humanos”. Luego añade que la autoridad concluyó que Zamorano “no cuenta con las aptitudes específicas que, en esta nueva etapa, se necesitan para implementar los nuevos lineamientos” de la subsecretaría.
El documento también menciona la “relación de confianza que debe fluir” entre el subsecretario y quien encabeza la unidad, a la que identifica como la “máxima responsable del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia”. Ese punto refuerza la idea de que la decisión responde a un rediseño político y administrativo del programa en esta nueva etapa del Ejecutivo.
Por ahora, las salidas abren interrogantes sobre la continuidad operativa del plan, su orientación futura y el efecto que estos cambios podrían tener en una política pública especialmente sensible para familiares de detenidos desaparecidos y para el debate sobre memoria y derechos humanos en Chile.
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