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Habrían hecho una promesa: formalizan a 10 hombres por desenterrar y trasladar el cuerpo de amigo fallecido en Dalcahue

El grupo habría removido el cuerpo desde su sepultura original y lo trasladó a otro nicho dentro del mismo cementerio, sin autorización ni conocimiento de la familia; la Fiscalía fijó 120 días para investigar.

AGENCIAUNO

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Durante una visita al cementerio de Butalcura, en Dalcahue, la madre de Yuri Muñoz descubrió que el cuerpo de su hijo ya no estaba en la tumba donde lo había dejado meses antes.

Concretamente, este hallazgo dio origen a una investigación que este jueves terminó con la formalización de diez personas por parte de la Fiscalía de Castro, imputadas por los delitos de exhumación e inhumación ilegal.

Muñoz había fallecido en mayo de 2025 en un accidente de tránsito. Sin embargo, en septiembre del mismo año, un grupo cercano al joven decidió desenterrar sus restos y trasladarlos a otro nicho dentro del mismo cementerio, sin autorización y sin informar a su familia.

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De acuerdo con los antecedentes expuestos en la audiencia, los involucrados habrían actuado de manera coordinada y motivados por una promesa realizada en vida al fallecido, en una acción que, según la investigación, se concretó al margen de toda normativa sanitaria y legal.

El fiscal Enrique Canales explicó que “los imputados desenterraron el cuerpo de una persona sepultada en el mes de mayo y lo volvieron a sepultar en un nicho distinto dentro del mismo recinto”, agregando que el procedimiento se realizó sin permisos y sin conocimiento de los familiares.

En esa línea, recalcó que “se trata de acciones que constituyen delito, ya que no contaron con autorización legal ni sanitaria, y fue la propia madre quien advirtió la situación días después”.

Durante la audiencia, la defensa planteó que el actuar de los imputados podría vincularse a factores de carácter sociológico o antropológico, tesis que fue descartada por el Ministerio Público al no considerarla suficientemente fundada.

Dado el tipo de delitos imputados, el tribunal no decretó medidas cautelares gravosas, pero sí estableció condiciones generales para asegurar la comparecencia de los involucrados, además de fijar un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación.

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