Contraloría detecta graves fallas en sistemas de televigilancia de 12 municipios en dos regiones del país
Doce reportes del ente fiscalizador evidencian irregularidades, tecnología inutilizada y ausencia de seguimiento en planes preventivos. Se ordenaron correcciones y sumarios.
Cámaras de seguridad / chuchart duangdaw
La Contraloría General de la República detectó diversas deficiencias en la gestión de seguridad pública de 12 municipalidades, principalmente relacionadas con sistemas de televigilancia, control administrativo y seguimiento de los planes comunales de seguridad.
Los hallazgos quedaron consignados en doce informes elaborados tras auditorías a ocho comunas de la región Metropolitana y cuatro de la región del Biobío.
Entre las principales observaciones se identificaron cámaras fuera de servicio, equipos sin uso, irregularidades en licitaciones y ausencia de sanciones ante incumplimientos de proveedores.
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El organismo fiscalizador instruyó medidas correctivas, regularización de procedimientos y la apertura de sumarios.
Fallas en la RM
En la región Metropolitana se detectaron fallas relevantes. En San Joaquín había cámaras inoperativas por meses —algunas por más de un año— y un dron municipal fue utilizado 31 veces sin autorización aeronáutica.
En San Bernardo se observaron tablets extraviadas o sin uso, patrullajes no acreditados y multas que no fueron aplicadas en una licitación.
Otros casos incluyen a Lo Prado, donde se detectaron contrataciones directas sin especificaciones técnicas, y a Maipú, donde 29 cámaras estuvieron fuera de servicio durante 2024, una de ellas por 302 días.
En La Cisterna también se encontraron motocicletas inutilizadas por falta de mantenimiento y vehículos sin revisión técnica vigente.
Fallas en el Biobío
En la región del Biobío, los informes revelaron problemas similares. En Concepción solo el 55% de las cámaras está conectado al sistema de monitoreo policial.
Mientras que en Talcahuano 50 de las 64 cámaras instaladas se encontraban inoperativas, varias de ellas por más de un año, lo que ha dificultado aportar imágenes a investigaciones policiales y judiciales.
Ante estas situaciones, la Contraloría instruyó a los municipios adoptar medidas para corregir las falencias detectadas y fortalecer los controles en la gestión de seguridad comunal.
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