Presidente Boric aplica veto a Ley Integral de Personas Mayores y desata fuerte rechazo de organizaciones civiles
Representantes de la sociedad civil cuestionan que el Ejecutivo frene la normativa tras haber participado activamente en sus cuatro años de trámite.
Un conflicto se ha desatado entre el Ejecutivo y las organizaciones de la sociedad civil tras el anuncio oficial de un veto presidencial a la recientemente aprobada Ley Integral de Personas Mayores. La normativa, que busca promover el envejecimiento positivo y fortalecer la institucionalidad del adulto mayor, había sido despachada con unanimidad por el Congreso el pasado 5 de enero. Sin embargo, a solo días de dejar el poder, el Gobierno optó por no promulgarla en sus términos originales, ingresando una serie de observaciones que han sido calificadas como un “golpe duro” por las entidades que impulsaron el proyecto.
El foco del conflicto radica en las observaciones formuladas por el Presidente Gabriel Boric a los artículos 15 y 29 de la ley, los cuales abordan materias de carácter laboral. Mediante un oficio enviado al Senado con fecha 5 de febrero de 2026, el Mandatario propuso sustituir incisos clave relativos a la regulación del ingreso mínimo mensual para personas mayores, buscando equipararlo al sector privado mayor de 18 años recién a partir de mayo de 2027.
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Según el comunicado emitido por las organizaciones sociales, la decisión fue comunicada por la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, en una reunión que dejó un sentimiento de “desilusión y desconcierto”. Los representantes de la sociedad civil cuestionan que el veto se presente como un recurso de última hora tras cinco años de discusión parlamentaria, donde el propio Gobierno había celebrado previamente los acuerdos alcanzados.
Críticas a la gestión de última hora
Eduardo Toro, director de Conecta Mayor UC, representó la molestia del sector al señalar que la decisión es “muy desafortunada” y carece de explicación lógica dado que el Ejecutivo participó activamente en los cuatro años de tramitación del proyecto. Por su parte, Beatriz Urrutia, de Fundación Grandes, enfatizó que este movimiento echa por tierra el esfuerzo de haber logrado un consenso unánime entre todas las fuerzas políticas.
De acuerdo al documento oficial de observaciones, el Ejecutivo también propuso suprimir la participación del Instituto Nacional de Derechos Humanos en ciertos mecanismos de control previstos en el artículo sexto transitorio de la ley. Estas modificaciones obligan a que la iniciativa regrese al Congreso, dilatando su entrada en vigencia efectiva para un grupo que presenta alta informalidad y baja participación laboral.
Incertidumbre ante el cambio de mando
Desde la Mesa de Personas Mayores de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, hicieron un llamado directo a la administración entrante que asume el 11 de marzo. Para los dirigentes, será clave la definición que tome el próximo Gobierno para evitar que la protección de los derechos de las personas mayores se postergue de manera indefinida.
Pese a la molestia, las organizaciones recalcaron su disposición para seguir colaborando en lo que sea necesario para que la ley se apruebe con prontitud. El llamado final de las entidades es a que el Ejecutivo vuelva a poner a las personas mayores en el centro, resolviendo la problemática de la informalidad laboral con discusiones profundas en lugar de vetos de último minuto.
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