Minera Dominga recurre a la Corte Suprema tras revés judicial en Antofagasta y acusa “faltas graves”
Andes Iron presentó un recurso de queja contra ministros del tribunal de alzada por anular el mecanismo que buscaba forzar al Comité de Ministros a acatar fallos previos.
Proyecto Dominga
El extenso conflicto por el proyecto minero-portuario Dominga ha sumado un nuevo e intenso capítulo judicial. La empresa Andes Iron elevó la disputa a la Corte Suprema mediante la presentación de un recurso de queja, luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta invalidara un procedimiento clave que buscaba obligar al Ejecutivo a cumplir con un fallo favorable a la iniciativa. La acción legal se dirige específicamente contra tres integrantes del tribunal nortino, a quienes la minera atribuye “faltas graves” por dejar sin efecto el mecanismo de supervisión judicial.
La pugna se reactivó tras la decisión de la Corte de Antofagasta de anular un procedimiento de “cumplimiento incidental”. Dicho mecanismo había sido activado por el Primer Tribunal Ambiental en febrero de 2025, tras concluir que el Comité de Ministros no había acatado íntegramente una sentencia de 2024, la cual le ordenaba emitir un nuevo pronunciamiento ajustado a parámetros técnicos específicos. No obstante, el Comité volvió a rechazar la iniciativa incorporando argumentos que el tribunal ambiental consideró fuera de lo permitido.
De acuerdo con el recurso presentado ante la Corte Suprema, la empresa sostiene que el tribunal de alzada incurrió en errores técnicos profundos al interpretar el proceso. Andes Iron afirma que la anulación del procedimiento, realizada de oficio por la Corte de Antofagasta, es decir, sin una solicitud formal de las partes, vulnera la posibilidad real de hacer cumplir lo resuelto judicialmente y deja sin efecto una sentencia que ya se encontraba firme y ejecutoriada.
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El riesgo para la justicia ambiental
En términos prácticos, la compañía advierte sobre las consecuencias de que prevalezca el criterio de la corte nortina. Según sostiene la defensa de Andes Iron, si este precedente se mantiene, las decisiones de los tribunales ambientales en Chile podrían quedar desprovistas de instrumentos eficaces para asegurar que sus fallos sean realmente ejecutados por la autoridad administrativa. La minera insiste en que el mecanismo de cumplimiento incidental era la vía idónea y legal para exigir que el Comité de Ministros respetara lo dictaminado previamente.
Un litigio de más de una década
Este proyecto, ubicado en la Región de Coquimbo, arrastra ya más de diez años de tramitación marcados por sucesivos rechazos administrativos y reveses judiciales. Recientemente, el Gobierno interpretó las resoluciones de la Corte de Antofagasta como un síntoma de deficiencias relevantes en el proceso impulsado por la minera. Sin embargo, a pesar de este adverso escenario judicial y administrativo, Andes Iron ha reiterado su intención firme de sacar adelante la iniciativa minera.
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