Pesquera Camanchaca demanda al Estado por US$100 millones: acusa perjuicio por ley de fraccionamiento pesquero

La empresa Pesquera Camanchaca presentó una demanda contra el Estado, acusando un perjuicio económico cercano a los 100 millones de dólares tras la entrada en vigencia de la nueva ley de fraccionamiento pesquero.

Según la firma, el cambio regulatorio afectó sus proyecciones de inversión, estabilidad laboral y capacidad productiva, por lo que recurrió a la justicia para buscar una compensación. Desde la compañía sostuvieron que la normativa no solo impacta a su operación, sino también a la industria alimentaria a nivel nacional.

La acción judicial generó una inmediata reacción desde el sector artesanal. El presidente del Consejo por la Defensa del Patrimonio Pesquero y vocero de la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal, Hernán Cortés, cuestionó duramente la postura de la empresa.

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“La industria demuestra una vez más que tiene un pederastismo que es impresionante, ya no tiene vergüenza de nada. De hecho, lo único que falta es que pongan a Longueira de ministro de Economía o de subsecretario de Pesca. No pretenderá el que se robó el televisor que el afectado de ese robo lo tenga que indemnizar una vez que recupera el televisor, eso es un absurdo, o sea, a todas luces esto no tiene mucho sentido”, señaló.

En esa misma línea, agregó que “nosotros estamos dándole una vuelta a la posibilidad de tomar una demanda contra quienes resulten responsables del perjuicio que sufrió la pesca artesanal con la ley Longueira. Hay más de 10 años que la industria se aprovechó de una ley corrupta”.

Desde el Gobierno, en tanto, defendieron el espíritu de la ley de fraccionamiento, destacando que busca corregir una normativa ampliamente cuestionada y reforzar el interés público en la administración de los recursos marinos.

El ministro de Economía y Energía, Álvaro García, abordó la controversia y respaldó los cambios impulsados por el Ejecutivo, aunque expresó preocupación por el impacto que este tipo de demandas podría tener en futuras reformas.

Desde La Moneda también recalcaron que no intervendrán en el proceso judicial, dejando que sea la justicia la que resuelva el conflicto como un poder independiente.