Más de $1.400 millones: Contraloría detecta irregularidades en control de licencias médicas en O’Higgins
Tras la auditoría, se ordenó el inicio de sumarios y se enviaron los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado.

Más de $1.400 millones: Contraloría detecta irregularidades en control de licencias médicas en O’Higgins / Cristofer Devia/ Uno noticias
La Contraloría Regional de O’Higgins detectó una serie de deficiencias en los mecanismos de control y recuperación de recursos asociados a licencias médicas en el Servicio de Salud O’Higgins (SSO) y en el Hospital Ricardo Valenzuela Sáez de Rengo.
El informe reveló que ambas instituciones no habrían gestionado de manera adecuada la restitución de montos vinculados a licencias médicas que fueron rechazadas o reducidas, lo que contraviene la normativa vigente.
Ante esta situación, el organismo fiscalizador instruyó que, en un plazo máximo de 60 días hábiles, se remitan los antecedentes que acrediten la recuperación de los fondos observados a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo.
En cuanto al ausentismo prolongado, la auditoría identificó que 48 funcionarios del Servicio de Salud y 63 del Hospital de Rengo registraron licencias médicas iguales o superiores a 180 días.
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El gasto asociado a estos casos alcanzó los $694 millones en el SSO y más de $770 millones en el recinto hospitalario.
Además, en una muestra representativa analizada —correspondiente a una licencia por cada funcionario— se verificaron desembolsos por concepto de remuneraciones y reemplazos que superaron los $253 millones en el Servicio de Salud y los $390 millones en el hospital.
A raíz de estos hallazgos, la Contraloría ordenó al Servicio de Salud O’Higgins iniciar un procedimiento disciplinario con el fin de establecer eventuales responsabilidades administrativas, cuyo acto de inicio deberá ser informado a la Fiscalía del organismo dentro de un plazo de 15 días hábiles desde la recepción del informe.
Asimismo, los antecedentes fueron remitidos al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para evaluar eventuales acciones legales orientadas a la recuperación de los recursos públicos comprometidos.
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