“En marzo lo vemos”: Reforma al Sistema Político no verá la luz durante la administración Boric
El proyecto debió haber sido despachado este lunes a la Sala de la Cámara de Diputados, pero el Gobierno finalmente cedió y sólo se aprobó en General.
Cámara de Diputadas y Diputados - Congreso Nacional / Oscar Guerra
La reforma al Sistema Político, uno de los proyectos impulsados por el Gobierno para ordenar la fragmentación del Congreso y reforzar la disciplina partidaria, no será despachada durante la actual legislatura, luego de que se acordara postergar su tramitación para marzo.
La decisión marca un cambio respecto del cronograma original, ya que la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara había acordado tramitar la iniciativa hasta su total despacho, con una votación en Sala prevista para esta semana. Sin embargo, ese escenario quedó descartado tras un acuerdo político que dejó la discusión en suspenso.
¿Qué implica la postergación?
- Que la votación en particular se realizará en marzo y que, durante febrero —mes de receso legislativo—, se trabajará en una mesa técnica para buscar acuerdos que permitan un despacho más expedito.
- Que el proyecto no tendrá discusión inmediata, luego de que el Ejecutivo retirara la urgencia, lo que flexibiliza el cronograma, pero deja la iniciativa sujeta a nuevas prioridades legislativas.
- Que el actual Congreso Nacional solo sesionará el lunes 2, martes 3 y miércoles 4 de marzo. La semana siguiente no habrá sesiones y, cuando el proyecto deba retomarse el 16 de marzo, lo hará bajo la nueva composición del Congreso.
La reforma contempla una serie de cambios estructurales, entre ellos mayores exigencias para la conformación y permanencia de los partidos políticos, nuevas reglas para el funcionamiento y financiamiento de los comités parlamentarios, además de mecanismos orientados a desincentivar la dispersión de fuerzas políticas en el Congreso, un punto que generó resistencias especialmente en partidos pequeños e independientes.
Paralelamente, un proyecto, autoría de senadores, propone que “cesará en su cargo el diputado o senador que renuncie al partido político que hubiera declarado su candidatura. Asimismo, quedará impedido de jurar el diputado o senador electo que desde el día de su elección incurriere en dicha causal”. Sin embargo, esa iniciativa permanece estancada desde septiembre y se esperaba que pudiera resolverse en paralelo al proyecto del Ejecutivo, algo que finalmente quedó postergado, al menos, hasta marzo.