Caso María Ercira: revelan que fiscalía imputó a dos funcionarios de la PDI
Además de los detectives, se encuentra imputada la dueña del Fundo Las Tótolas.
A 20 meses de la desaparición de María Ercira Contreras, vista por última vez en un restaurante de Limache durante la celebración del Día de la Madre de 2024, la investigación ha dado un giro hacia las presuntas responsabilidades institucionales.
Actualmente, el Ministerio Público lidera dos líneas de indagación paralelas: la búsqueda del paradero de la mujer y una arista por obstrucción a la justicia que mantiene a dos funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) y a la dueña del Fundo Las Tórtolas, Mónica Kleinert, en calidad de imputados.
La sospecha sobre los funcionarios policiales se funda en eventuales irregularidades en la cadena de custodia de los registros audiovisuales del hotel. Según antecedentes publicados por 24 Horas, los policías se acogieron a su derecho de guardar silencio tras ser citados a declarar en la Tercera Comisaría de Limache por el manejo “irregular” de los discos duros que contenían las grabaciones del día de los hechos.
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De acuerdo con testimonios de la Fiscalía, un funcionario de la PDI intentó entregar una cadena de custodia el 3 de julio de 2024 sin el dispositivo de almacenamiento original. Una testigo del organismo relató que el policía se negó a dejar el disco duro argumentando que era utilizado en su unidad, a pesar de la advertencia de que se trataba de una causa de alto impacto mediático.
La gravedad del hecho fue ratificada por la perito de video, Nadia Mansilla, quien expuso que la cadena de custodia entregada estaba incompleta. Al ser analizada, se detectó que el respaldo no contenía las 24 horas de grabación correspondientes a la jornada de la desaparición, sino que solo contaba con 6 horas, sin que se determinara la cantidad exacta de archivos respaldados ni la capacidad para su extracción.
“Falla crítica”
Al respecto, expertos en criminalística señalan que este procedimiento constituye una “falla crítica”. Claudio Muñoz, investigador forense, explicó que copiar antecedentes a computadores ajenos a los dispositivos originales vicia la integridad de la prueba. Un segundo testigo añadió que los archivos pesaban más de 16 gigas, pero que no se firmó ningún documento oficial que validara la entrega directa entre la PDI y la Fiscalía.
Ante este escenario, la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, aseguró que no se ha dejado de realizar ninguna diligencia pertinente para esclarecer el caso. Por su parte, la nieta de la víctima, Carla Hernández, lamentó la negligencia: “Si tuviéramos esas horas de grabación, quizás podríamos saber qué sucedió con mi abuela”