Ejecutivo advierte que proyecto de Evopoli, RN y UDI podría sacar de la cárcel a más de 700 violadores y homicidas
El Senado comenzó a discutir la propuesta que contempla beneficios para condenados a penas de privación de libertad que se encuentren en una condición de avanzada edad o que padezcan enfermedades terminales.
Ejecutivo advierte que proyecto de Evopoli, RN y UDI podría sacar de la cárcel a más de 700 violadores y homicidas / MoreISO
El Senado inició el primer debate del proyecto de ley que propone que determinadas personas condenadas a penas de cárcel puedan cumplirlas en sus domicilios, bajo la modalidad de reclusión domiciliaria total.
La iniciativa fue presentada por los senadores Francisco Chahuán (RN), Luz Ebensperger (UDI), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Alejandro Kusanovic (Evópoli) y Carlos Kuschel (RN). Durante el inicio de la discusión legislativa, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, manifestó el rechazo del Gobierno, apuntando a lo que calificó como “falencias técnicas y jurídicas” del texto.
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En esa línea, el secretario de Estado advirtió que la propuesta podría entrar en conflicto con tratados internacionales vigentes y permitir que personas condenadas por delitos graves accedan al beneficio de cumplir sus penas en sus hogares.
Señaló que de los potenciales beneficiarios 370 son personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, 365 condenadas por delitos comunes, de los cuales 192 por abusos sexuales, 155 por delitos de violación, 27 por delitos de homicidio y 5 por parricidio, totalizando 735 personas que podrían acceder al eventual beneficio.
De acuerdo con el proyecto presentado por parlamentarios de la oposición, el beneficio podría aplicarse a personas condenadas a penas privativas de libertad que padezcan una enfermedad grave o terminal, presenten una discapacidad o condiciones que hagan indigna su permanencia en prisión, o bien se encuentren en edad avanzada.
Lo anterior, considerando criterios combinados de edad y tiempo ya cumplido de la condena. En este último caso, el umbral se fija en los 70 años para hombres y 65 para mujeres, siempre que la suma de la edad y los años cumplidos en prisión alcance los 80 años.
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