Sin las llamadas “normas de amarre”: Cámara despacha a segundo trámite reajuste del sector público con alza escalonada de 3,4%

La Cámara de Diputadas y Diputados despachó a segundo trámite constitucional el proyecto de ley (boletín 18036) que establece el reajuste de remuneraciones para el sector público. La iniciativa contempla un incremento salarial total del 3,4%, el cual se aplicará de forma parcelada: una primera etapa retroactiva del 2,0% a partir del 1 de diciembre de 2025, y un segundo tramo del 1,4% que entrará en vigencia el 1 de junio de 2026.

El impacto de esta normativa es masivo, alcanzando a más de 951 mil trabajadores del aparato estatal. Además, el proyecto incluye un robusto paquete de beneficios económicos, como bonos de escolaridad, aguinaldos y el bono de invierno, que beneficiarán a 1,19 millones de empleados activos y a más de 3,1 millones de pensionados (sector pasivo).

De acuerdo con el informe financiero de la propuesta, el costo fiscal total asciende a casi 1,6 billones de pesos para el presente ciclo, de los cuales $838 mil millones corresponden estrictamente al reajuste de remuneraciones. Para el año 2027, se proyecta que el gasto fiscal escalará a los 1,14 billones de pesos, financiado mediante la Ley de Presupuesto vigente, reasignaciones y provisiones del Tesoro Público.

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El revés en las “normas de amarre” y teletrabajo

A pesar del avance en materia salarial, el Gobierno sufrió importantes derrotas en el articulado específico. Una de las mayores controversias se dio en torno a las disposiciones sobre las contratas y procedimientos de apelación por despidos, las cuales fueron rechazadas tras ser calificadas por la oposición como “normas de amarre”. Legisladores de las bancadas Republicana, UDI, RN, Evópoli y el Partido Social Cristiano acusaron que estas medidas buscaban blindar políticamente a funcionarios de la actual administración.

Por otro lado, el oficialismo defendió estas normas argumentando que buscaban otorgar estabilidad laboral y evitar desvinculaciones arbitrarias ante el cambio de mando. Sin embargo, la Cámara también desestimó la regulación del teletrabajo en el sector público, bajo la premisa de que esta materia requiere una ley propia y un debate técnico más profundo que el permitido en una ley de reajuste miscelánea.

Votaciones y exclusiones clave

En una extensa jornada que incluyó más de 70 votaciones, la idea de legislar fue aprobada por 94 votos a favor y 35 en contra. No obstante, las normas que requerían quórum especial no alcanzaron el mínimo de 76 apoyos, quedando fuera del texto que ahora llega al Senado.

Entre la quincena de puntos rechazados destacan también la postergación de la entrada en vigencia de 12 Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), la ampliación del giro comercial para Enap y Correos de Chile, y la autorización para que gobiernos regionales financiaran proyectos en empresas del Estado. Tras este resultado, el proyecto inicia su segundo trámite legislativo, donde el Ejecutivo deberá buscar acuerdos para reponer parte de su agenda administrativa.