¿Gesto de última hora o reforma clave? En qué consiste el proyecto de negociación colectiva ingresado por el gobierno
El Ejecutivo busca cumplir una promesa de campaña permitiendo negociaciones más allá de la empresa, pero diputados de diversos sectores cuestionan la viabilidad del trámite a semanas del recambio.
Congreso Nacional / Oscar Guerra
Un intenso debate, marcado más por los tiempos legislativos que por el contenido técnico, se vivió en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, instancia donde el Gobierno presentó oficialmente su proyecto de ley para establecer un sistema de negociación colectiva multinivel. La iniciativa, liderada por el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, busca cumplir con una de las promesas estructurales del programa del Presidente Gabriel Boric: ampliar el derecho a negociar más allá de la empresa individual.
El secretario de Estado defendió la propuesta argumentando que responde a una “demanda histórica” y que cuenta con respaldo en la legislación internacional. El objetivo central es permitir la coordinación entre trabajadores y empleadores a nivel sectorial e intermedio, buscando reducir la atomización sindical y vincular las mejoras salariales con la eficiencia productiva.
Según lo expuesto ante la comisión técnica, el texto legal estructura el sistema en tres capas. Primero, el nivel sectorial, destinado a fijar estándares mínimos para toda una industria; segundo, el nivel intermedio, para acuerdos marco en cadenas de valor o faenas compartidas (común en minería o sector forestal); y finalmente, el nivel de empresa, que ajusta las condiciones a la realidad operativa específica de cada empleador.
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Incentivos tributarios y críticas por “atraso”
Para hacer atractiva la medida al sector privado, el Ejecutivo incluyó un “gancho” económico. Las empresas que suscriban estos acuerdos y mantengan contratos de investigación y desarrollo (I+D) podrán acceder a un crédito tributario de hasta 45 mil UTM, triplicando el tope actual de 15 mil UTM, fomentando así la innovación.
Sin embargo, el aterrizaje del proyecto en el Congreso no fue suave. Diversos parlamentarios cuestionaron el timing del Gobierno, advirtiendo que es imposible aprobar una reforma de esta magnitud antes de que termine el actual periodo presidencial.
El diputado Alberto Undurraga (DC) llamó a “no tensionar” las últimas semanas legislativas, mientras que Ximena Ossandón (RN) advirtió que un cambio así requiere “mucha conversación” y no se puede despachar en un par de semanas. Más duro fue el diputado Henry Leal (UDI), quien calificó la iniciativa directamente como un “saludo a la bandera”, asegurando que “no tiene posibilidad de pasar a la Sala ni mucho menos al Senado”.
La defensa oficialista
Desde la vereda contraria, el diputado Diego Ibáñez (FA) valoró que finalmente exista un articulado sobre la mesa para un tema que se discute hace una década. El parlamentario enfatizó que los procesos legislativos deben tener una mirada de Estado que supere los ciclos de cuatro años.
Pese a los apoyos, la discusión dejó abiertas interrogantes prácticas planteadas por los legisladores, especialmente sobre cómo este nuevo esquema afectará a las Pymes y a las empresas que hoy no cuentan con sindicatos, puntos que deberán despejarse en un debate que se anticipa complejo y contra el reloj.
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