Caso Gatica: Claudio Crespo es absuelto tras ser acusado de cegar a diputado electo durante estallido social
La decisión fue comunicada por el 4° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago.

Caso Gatica: Claudio Crespo es absuelto tras ser acusado de cegar a diputado electo durante estallido social
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Este martes, el 4° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago absolvió al exteniente de Carabineros Claudio Crespo en el juicio por el caso de Gustavo Gatica, quien quedó ciego durante el estallido social de 2019.
La decisión judicial descartó la responsabilidad penal del exoficial en los disparos que provocaron las lesiones del hoy diputado electo, cerrando así un proceso seguido con alta expectación pública y política.

FRANCISCO PAREDES
Durante el juicio, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte había solicitado una condena de 12 años de cárcel, acusando que Crespo efectuó un disparo “abusando de su cargo” mientras realizaba labores de control de orden público en las cercanías de Plaza Italia.
En su fallo, la jueza Cristina Cabello contextualizó los hechos señalando que Gatica participaba activamente en una protesta violenta, lo que llevó a que el actuar policial se enmarcara en un escenario de alta agresividad.
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El tribunal estimó que el avance de la infantería y el uso de armas menos letales fue una respuesta necesaria y proporcional ante el riesgo de que los manifestantes superaran la posición policial, ajustándose a la normativa vigente y a los principios del uso de la fuerza.
Respecto a la responsabilidad penal, el tribunal concluyó que la prueba rendida no permitió acreditar que el disparo que hirió a Gatica se haya efectuado con infracción a los reglamentos ni que existiera un actuar constitutivo de apremios ilegítimos.
Si bien se estableció que el disparo provenía del arma portada por Crespo, los jueces sostuvieron que no fue posible determinar con certeza la trayectoria ni el comportamiento de las postas al impactar, lo que impidió formar convicción para condenar.
El juicio, que se extendió por más de 330 sesiones, tuvo como eje la disputa sobre la autoría y legalidad del uso de la fuerza, en un contexto donde la Fiscalía solicitaba 12 años de cárcel, petición que finalmente fue descartada por el tribunal.
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