Oposición endurece críticas al Gobierno por reajuste del sector público y acusan falta de transparencia

En medio de la tramitación del proyecto de Ley de Reajuste del Sector Público, la oposición emitió un comunicado en el cual critican duramente al Gobierno, al que acusan de falta de transparencia, a propósito de la polémica “ley de amarre”.

“Expresamos nuestro más absoluto rechazo a la forma en que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric y su actual ministro de Hacienda, Sr. Nicolás Grau, han presentado ante el Parlamento el proyecto de ley de reajuste del sector público correspondiente al año 2026″, señala el documento firmado por las bancadas UDI, RN y Republicanos.

“Rechazamos categóricamente, que en esta ley se incorporen múltiples materias que no corresponden a un proyecto de esta naturaleza, incluyendo un conjunto de disposiciones que responden más bien a las presiones ejercidas por las organizaciones sindicales, las que debieran ser discutidas en forma separada y con el debido análisis técnico y financiero”, agrega el texto.

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Esto último hace referencia a que el Ejecutivo incluyó 129 artículos en el proyecto de ley de reajuste del sector público, donde 37 corresponden al acuerdo con la Mesa del Sector Público, mientras que 69 son mejoras y urgencias misceláneas.

“Esta impropia y deshonesta forma de legislar solo puede explicarse por dos razones: la falta de voluntad del Gobierno para enfrentar dichas presiones o una convicción profunda e ideológica de expandir el Estado sin responsabilidad fiscal ni una planificación adecuada”, indicaron desde la oposición.

“A lo anterior se suma una situación de igual o mayor gravedad: la falta de transparencia absoluta respecto del real financiamiento y el impacto económico de esta ley, así como el evidente desconocimiento del ministro Grau sobre cómo se solventarán todos los gastos”, complementaron.

Por lo mismo, acusaron que el Gobierno busca “traspasar un reajuste desfinanciado, de tal manera que el costo político y fiscal sea asumido por la próxima administración”.

“Por estas y otras múltiples razones, estimamos indispensable que organismos técnicos e independientes, como la Contraloría General de la República (CGR) y el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), puedan exponer ante la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para así evaluar la viabilidad y sostenibilidad fiscal de este proyecto”, cerraron.