Justicia de EE.UU. acusa formalmente a Nicolás Maduro y lo imputa por narcoterrorismo

Santiago

Estados Unidos formalizó judicialmente la acusación contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, luego de que la fiscal general norteamericana, Pamela Bondi, confirmara la presentación de un documento oficial ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York que sustenta su imputación penal.

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A través de una publicación en la red social X, Bondi agradeció al fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y adjuntó el escrito judicial que respalda la acusación contra el mandatario venezolano, señalando que el proceso ya se encuentra formalmente radicado en tribunales federales estadounidenses.

Según el documento, el gran jurado acusa a Maduro de encabezar durante años una organización criminal transnacional vinculada al narcotráfico. En uno de sus pasajes, el texto sostiene que “por más de 25 años, líderes de Venezuela abusaron de su poder y corrompieron instituciones estatales para importar toneladas de cocaína hacia Estados Unidos”, situando al presidente venezolano como “una figura central de esa estructura criminal”.

La acusación afirma además que Maduro utilizó cargos públicos y recursos del Estado para facilitar estas operaciones ilícitas. “El acusado aprovechó su posición como funcionario de alto rango para brindar protección a organizaciones narcotraficantes y coordinar el envío de drogas con destino al territorio estadounidense”, señala el escrito presentado ante la corte.

Entre los cargos detallados en el documento figuran conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, además de conspiración para el uso de este tipo de armamento. El texto indica que estas acciones fueron ejecutadas “con pleno conocimiento de que la cocaína sería distribuida en los Estados Unidos”.

En su declaración pública, Bondi aseguró que Maduro “enfrentará toda la fuerza de la justicia estadounidense en tribunales de Estados Unidos”, subrayando que la acusación ya no corresponde a advertencias políticas, sino a una imputación penal formal respaldada por un documento judicial vigente.