Caso Conscriptos: prisión preventiva para cinco imputados, incluido el excapitán Michael Fritz que estaba con arresto domiciliario
La Corte de Apelaciones de Arica determinó que existen antecedentes suficientes para vincular al exoficial con delitos de apremios ilegítimos, modificando su situación procesal.
Caso Conscriptos
Un vuelco en las medidas cautelares se vivió en el marco de la investigación por el denominado “caso conscriptos”. La Corte de Apelaciones de Arica revocó la medida de arresto domiciliario total que pesaba sobre el excapitán del Ejército, Michael Fritz, y ordenó su ingreso a prisión preventiva.
La decisión se produce luego de la audiencia de formalización realizada el pasado 17 de diciembre, donde el Ministerio Público solicitó la máxima cautelar para cuatro de los cinco imputados, dejando a Fritz con arresto domiciliario. Sin embargo, esta resolución fue impugnada por la parte querellante ante el tribunal de alzada.
El rol de los querellantes
El abogado querellante, Yerko Scheihing, explicó a Radio ADN que presentaron el recurso de apelación al considerar que la medida inicial “no cumplía con los requisitos”, argumentando que la gravedad de los delitos ameritaba la privación de libertad.
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Scheihing destacó que fue un “arduo debate”, pero finalmente lograron convencer a los magistrados de revocar la resolución de primera instancia. “Logramos revocar la medida cautelar de arresto domiciliario total... se cumplían con todos y cada uno de los requisitos dispuestos en el artículo 140 del Código Procesal Penal”, señaló el jurista.
Con esta decisión, Fritz se suma a los otros cuatro imputados que ya se encuentran en prisión preventiva por su presunta participación en delitos relacionados con apremios ilegítimos.
Sin acción de la Fiscalía Un punto relevante revelado por el abogado es que la Fiscalía Regional no presentó recurso de apelación respecto a la situación de Fritz, ya que no estaban obligados a hacerlo. Fue la acción coordinada de los querellantes particulares —incluyendo a los abogados Fernando Leal y Sebastián Andrade (representante de Romy Vargas)— junto al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), la que permitió endurecer la cautelar.
El tribunal de alzada concluyó que existen antecedentes suficientes para entender que existe un delito en el cual el señor Fritz habría participado.