Ministro de la Suprema es destituido: Senado aprueba acusación constitucional contra Diego Simpertigue

La Sala del Senado aprobó este martes la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue Limare, decisión que derivó en su destitución del máximo tribunal e inhabilitación para ejercer cargos públicos por un período de cinco años.

El desenlace se produjo luego de que el primer capítulo del libelo fuera aprobado de manera unánime, con 43 votos a favor y ninguno en contra, sin abstenciones, lo que bastó para dar por acogida la acusación en su totalidad.

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El capítulo aprobado apuntaba a la inhabilidad del magistrado para intervenir en causas vinculadas al consorcio Belaz Movitec, en el marco de una acusación por notable abandono de deberes.

Conforme al procedimiento constitucional, la aprobación de uno de los capítulos resulta suficiente para que prospere la acusación, por lo que, pese a que en la sesión continuaba la fundamentación de los capítulos segundo y tercero, la destitución quedó zanjada tras la votación inicial.

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La acusación constitucional había sido expuesta durante la jornada con la presencia del juez, hasta entonces suspendido de sus funciones, y su equipo de defensa. El secretario general del Senado, Raúl Guzmán, dio lectura a los fundamentos del libelo, que imputaba presuntas vulneraciones a los deberes de probidad, imparcialidad, independencia y transparencia exigidos a los ministros de la Corte Suprema, en un contexto descrito como una “crisis de confianza” del Poder Judicial.

Durante el debate previo, los diputados acusadores sostuvieron que los hechos atribuidos a Simpertigue afectaban gravemente la credibilidad del sistema de justicia y la percepción de igualdad ante la ley. En tanto, la defensa del magistrado, encabezada por el abogado Juan Carlos Manríquez, rechazó las imputaciones y alegó vicios procedimentales y falta de antecedentes que acreditaran un notable abandono de deberes.

Con la votación del primer capítulo, el Senado dio por concluido el juicio político, marcando uno de los hitos más relevantes del cierre del año legislativo 2025.