Cambio de mando 2026: qué pasará con miles de trabajadores a honorarios tras la llegada del nuevo gobierno de Kast

Durante septiembre de 2025, el Gobierno Central alcanzó 534.807 cargos efectivos, según cifras de la Dirección de Presupuestos (Dipres), en medio del reordenamiento institucional previo al cambio de administración.

Concretamente, el volumen, advirtieron especialistas, incrementó la exposición del aparato público frente a eventuales ajustes acelerados durante la instalación del nuevo gobierno de Jose Antonio Kast.

Dentro de ese total, el personal a honorarios llegó a 32.457 cargos, equivalente al 6,1% del total del Gobierno Central. La variación fue significativa: en solo un trimestre los honorarios aumentaron en 3.190 cargos (+10,9%), mientras que en doce meses el alza alcanzó 2.289 (+7,6%).

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El fenómeno se amplía al observar el conjunto del Sector Público. De acuerdo con el mismo informe de Dipres, el Estado llegó a 1.112.112 cargos a septiembre de 2025, con un 22,4% correspondiente a cargos transitorios. En la práctica, una parte relevante del funcionamiento estatal descansa en vínculos laborales menos estables, precisamente los más expuestos durante un cambio de administración.

Sobre este escenario, Pedro Peña, abogado especialista en honorarios y cofundador de SoyHonorario, advirtió que “en la práctica los cambios de mando y en este caso, color político, se traducen en términos anticipados de contratos a honorarios suscritos por la administración anterior y las no renovaciones respectivas, dejando a miles de falsos a honorarios sin trabajo de un día para otro”.

Ante la proximidad de marzo de 2026, los expertos plantearon que la transición incorpore un Protocolo de Continuidad Laboral y de Servicios, con criterios mínimos como reglas públicas de renovación o no renovación, calendarización comunicada con anticipación y priorización explícita de funciones críticas, entre ellas salud, educación, programas sociales, operación territorial y soporte administrativo esencial.

En esa línea, Peña subrayó que “hoy el Estado ya cuenta con una señal concreta de política pública: la Ley de Presupuestos 2025 fijó en 6.500 el número máximo de personas que pueden pasar de honorarios a contrata este año, junto con criterios y reglas para implementar esos traspasos. Eso prueba que el problema existe y que puede abordarse con instrumentos formales, no con decisiones políticas”.