La radical decisión que tomó el Vaticano tras el sobreseimiento de Felipe Berríos
La resolución papal desestima la investigación previa que había acreditado “verosimilitud” en las denuncias, marcando un quiebre con la decisión local de la Compañía.
En una decisión que marca un giro total en uno de los casos más emblemáticos de la iglesia chilena reciente, el Vaticano ha decidido dejar sin efecto las sanciones canónicas que pesaban sobre el sacerdote Felipe Berríos, anulando además el decreto que ordenaba su expulsión de la Compañía de Jesús. La resolución, emanada desde el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, revierte las medidas disciplinarias impuestas en mayo de 2024, las cuales le prohibían el ejercicio público del sacerdocio y el contacto pastoral con menores de edad.
El dictamen de la Santa Sede acoge la apelación presentada por la defensa del religioso, quien sostuvo consistentemente que el proceso administrativo penal llevado a cabo por su congregación careció de las garantías mínimas de un debido proceso. Con este fallo, las conclusiones de la investigación previa —que había determinado la verosimilitud de acusaciones por delitos contra el sexto mandamiento— quedan jurídicamente inhabilitadas en el fuero eclesiástico.
Un proceso cuestionado
La génesis de esta revocación se encuentra en los vicios procesales denunciados por Berríos. El sacerdote fue sancionado administrativamente por la Compañía de Jesús sin un juicio canónico formal, basándose en una investigación que acreditó “verosimilitud” en los relatos de siete denunciantes, pero que según la defensa, no permitió un contradictorio justo. El Vaticano, al revisar los antecedentes, optó por anular todo lo obrado, restituyendo a Berríos su estatus pleno como religioso y miembro de la orden.
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Escenario judicial y eclesiástico
Esta absolución canónica llega en un momento clave, coincidiendo con el cierre de la arista civil del caso. Recientemente, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el sobreseimiento definitivo de Berríos en la justicia ordinaria debido a la prescripción de los hechos denunciados, que databan del año 2000. Aunque el tribunal civil mencionó en su fallo que los hechos estaban “acreditados”, la imposibilidad de un juicio penal y ahora la anulación de la condena eclesiástica dejan al sacerdote libre de sanciones vigentes.
La decisión de Roma supone un duro revés para la administración local de la Compañía de Jesús, que había pedido perdón a las víctimas y validado públicamente la expulsión. Ahora, la orden deberá gestionar el reintegro de una figura que, tras años de ostracismo y condena pública, ha logrado revertir su situación en la máxima instancia de la justicia católica.
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