Defensoría de la Niñez por veto al Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG): “Es un retroceso evitable”
La Defensoría enfatiza que suprimir el programa niega el acceso a un acompañamiento especializado a menores que enfrentan altos niveles de discriminación y riesgos para su salud mental.
La Defensoría de la Niñez emitió una declaración pública manifestando su rechazo a la decisión del Congreso Nacional de excluir el financiamiento del Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG) en la Ley de Presupuestos 2026. La institución calificó la determinación como una “regresión grave en la garantía de derechos” de niños, niñas y adolescentes (NNA).
La Defensoría argumenta que la exclusión presupuestaria contraviene la legislación vigente, la evidencia técnica disponible y los estándares internacionales de derechos humanos. La eliminación del PAIG vulnera directamente el principio de progresividad y la prohibición de regresión, consagrados en la Ley N°21.430.
PAIG: una obligación legal, no opcional
La Defensoría subraya que la existencia de este programa no es “opcional ni discrecional, sino una obligación legal” , ya que está establecido en el mandato específico de la Ley N°21.120 de Identidad de Género. Dicha ley obliga al Estado a garantizar programas de acompañamiento biopsicosocial profesional para NNA trans o de género no conforme.
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La decisión del Congreso también desconoce de forma explícita el informe final de la Mesa Técnica de Expertos y Expertas que el mismo Poder Legislativo había mandado para la discusión presupuestaria 2026. La Defensoría, que participó en el trabajo como institución observadora, señaló que en dicho informe se verificó que el PAIG es “necesario e indispensable” y se recomendó no solo su mantención, sino también su fortalecimiento, estandarización y el aseguramiento de recursos financieros estables.
Riesgo para los NNA
La institución enfatiza que eliminar el financiamiento del PAIG no corrige sus debilidades, sino que “suprime el acceso al acompañamiento especializado” para NNA que enfrentan altos niveles de discriminación, violencia y riesgos para su salud mental. Esta situación genera incertidumbre, desprotección y un riesgo cierto de vulneración de derechos, tal como lo ha señalado reiteradamente el Comité de los Derechos del Niño y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Defensoría de la Niñez hizo un llamado al Congreso Nacional y al Ejecutivo a buscar las vías necesarias para revertir esta decisión. La institución sostiene que la política pública debe estar basada en evidencia, legislación vigente y derechos humanos, y no en “opiniones polarizadas”.
Persistir en esta exclusión no solo vulnera derechos, sino que responsabiliza al Estado por “un retroceso evitable y jurídicamente incompatible con sus obligaciones nacionales e internacionales”.
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