Corte abre sumario por “Trama Bielorrusa”: Investigan a cuatro funcionarios del Poder Judicial

La Corte de Apelaciones de San Miguel resolvió iniciar una investigación sumaria administrativa contra cuatro funcionarios de su jurisdicción, quienes han sido vinculados con la denominada “trama bielorrusa”. La decisión fue comunicada por la presidenta del tribunal, la ministra María Catalina González, quien reconoció la gravedad de los “hechos expuestos en la prensa nacional” y la existencia de “otros antecedentes administrativos” en la corte.

El caso, que le da el nombre de “trama bielorrusa” por la empresa extranjera involucrada, tiene su origen en las presuntas gestiones irregulares realizadas por la destituida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, para favorecer al consorcio Belaz Movitec en un litigio que mantenía con Codelco. La acusación principal se centra en supuestos sobornos que la empresa habría entregado a la exministra y a su pareja, Gonzalo Migueles, a través de los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas.

Los cuatro funcionarios que serán investigados sumariamente son: Sergio Rodrigo Yáber Lozano (conservador y archivero judicial de Puente Alto), Claudio Rafael Barrena Eyzaguirre (notario y archivero judicial de San Miguel), Rodrigo Enrique Ortúzar Rodríguez (notario de la 1ª Notaría de San Miguel) y Fernando Martel Costa (exnotario interino de La Cisterna). Aunque la Corte de Apelaciones no detalló los cargos específicos, se busca esclarecer cualquier nexo o responsabilidad administrativa de estos funcionarios con las operaciones de la red de sobornos.

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Hasta ahora, los antecedentes públicos del caso involucran directamente a dos de los funcionarios. En la audiencia de formalización contra Migueles, Lagos y Vargas se expuso una conversación telefónica entre Yáber y Barrena. En ese diálogo, Yáber manifiesta a Barrena que Vargas era investigado por sobornos a Vivanco, a quien calificó, junto a su esposo, de “coimera”. Además, Yáber es señalado por haber colaborado en el supuesto lavado de $45 millones por parte del abogado Lagos para Migueles y por gestiones para evitar la destitución de un ministro de la Corte de Apelaciones en un caso paralelo.

Con la apertura de esta investigación, el pleno de la Corte de Apelaciones de San Miguel busca sanear el funcionamiento interno de su jurisdicción y determinar la gravedad de las responsabilidades de sus funcionarios en la red de corrupción vinculada al Poder Judicial, reafirmando el compromiso de la institución con la probidad.