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Fallo clave en CAE: Suprema cierra la puerta a bancos por imprescriptibilidad

Defensa Educación logró que la Suprema rechazara el recurso de un banco; la ausencia de registros contables fidedignos tensiona la posición del Estado y de la banca.

Agencia Uno

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La Corte Suprema rechazó un recurso de casación en el fondo interpuesto por Banco Itaú en un juicio de cobro de pagaré ligado al Crédito con Aval del Estado (CAE) y confirmó la prescripción de la deuda del demandado, representado por el estudio Defensa Educación.

El fallo reafirma una jurisprudencia ya asentada: la imprescriptibilidad del CAE es excepcional y favorece solo al Fisco; los bancos solo pueden invocarla si prueban que el crédito pertenece al Estado o que actúan por mandato o representación expresa de la Tesorería General de la República (TGR).

En la causa, Itaú alegó haber hecho efectiva la garantía estatal, pero la Suprema sostuvo que no existía constancia de mandato ni comparecencia de la TGR para el cobro. Resultado: al no operar la regla excepcional, rige el régimen general de prescripción de la Ley sobre Letras de Cambio y Pagarés. El criterio ya había sido adoptado por el tribunal de primera instancia y por la Corte de Apelaciones de Santiago.

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El pronunciamiento dialoga con un oficio de Contraloría (17 de julio de 2025) que, a solicitud de Defensa Educación, advirtió que ni la TGR ni el Mineduc cuentan con registros contables fidedignos de las operaciones del sistema CAE en sus 20 años, sin trazabilidad suficiente para acreditar la titularidad de créditos ni los mandatos de cobro a la banca privada.

En términos prácticos, la decisión eleva el estándar probatorio para que bancos o la propia TGR invoquen la imprescriptibilidad del CAE. Si el Estado no puede acreditar con respaldos contables quién es el titular del crédito o el mandato vigente al banco, no procede la imprescriptibilidad. Para los deudores, esto fortalece defensas por prescripción y abre espacio para impugnar cobros históricos; para el Estado, expone falencias estructurales de control financiero y jurídico del sistema.

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