Cámara aprueba proyecto de IA y lo envía al Senado: transparencia en deepfakes y prohibición de manipulación subliminal
La ley exige rotular contenido sintético, redefine riesgos y encarga al Estado impulsar infraestructura de IA, aunque deja pendientes el consejo asesor, sandboxes y facultades sancionadoras.
Agencia Uno - Getty Imagen / Mario Andrés Vergara Escobar
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el segundo informe del proyecto que regula y promueve el desarrollo, implementación y uso de la inteligencia artificial (boletines 15.869 y 16.821), dejándolo en condiciones de pasar a su segundo trámite en el Senado. En esta etapa se visaron decenas de enmiendas que precisan el objeto de la ley: regular los usos de sistemas de IA y, a la vez, promover su creación e implementación bajo un marco sostenible, ético y respetuoso de los principios democráticos y del Estado de Derecho.
El texto mantiene un ámbito de aplicación amplio (proveedores, implementadores, importadores y distribuidores domiciliados en Chile, sean nacionales o extranjeros) y encarga al Estado impulsar infraestructura y desarrollo de IA dentro del marco institucional vigente. Se reforzó la privacidad y gobernanza de datos, se amplió el rol del Consejo para la Transparencia y se incorporó una obligación de transparencia: cuando un sistema genere contenido sintético (audio, imagen, video o texto), deberá identificarse como tal o explicitar su manipulación artificial.
La propuesta redefine la clasificación por riesgo:
- Inaceptable (prohibido): usos que vulneren derechos fundamentales, como la manipulación subliminal que induzca conductas dañinas o afecte la decisión informada (salvo fines terapéuticos con consentimiento expreso).
- Alto: pueden afectar derechos si fallan o se usan indebidamente.
- Limitado: riesgo no significativo de manipulación/engaño.
- Sin riesgo evidente: resto de aplicaciones.
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El debate dejó dos miradas. Críticos advirtieron “sobre-regulación” que podría asfixiar innovación y emprendedores con permisos y certificaciones; además, acusaron falta de asesoría técnica. Defensores resaltaron más de un año de tramitación con expertos, academia y sector privado, y que el texto protege derechos a la vez que habilita innovación sin autorización previa, sanciona abusos ex post (deepfakes, suplantaciones, estafas) y contempla reconversión laboral ante automatización.
No todo avanzó. Quedaron sin aprobar artículos relevantes que deberán revisarse en el Senado: la creación de un consejo asesor, la denuncia pública de incidentes, la fiscalización por la Agencia de Protección de Datos Personales, los espacios controlados de pruebas (sandboxes), el procedimiento sancionador y de reclamación judicial, y el listado reglamentario de sistemas de alto y limitado riesgo. Para el Ejecutivo, representado por el ministro de Ciencias, Aldo Valle, el proyecto busca un equilibrio: derechos protegidos, innovación habilitada y confianza pública para escalar inversión y talento.