Durante este martes, los diputados Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini anunciaron la presentación de una acusación constitucional contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa Márquez, luego de que la Corte Suprema no alcanzara el cuórum requerido para removerlo.

“La justicia no puede estar capturada por redes oscuras. Los chilenos se merecen tribunales independientes que hagan justicia. Lo que ha pasado hoy es una señal devastadora de corrupción por parte de la Corte Suprema”, dijo Manouchehri.

El parlamentario agregó que “hoy se ha salvado al ministro Antonio Ulloa con jueces que debieron haberse inhabilitado, tanto por su cercanía con él como por haber manifestado previamente una opinión respecto del caso que iban a revisar”.

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“No hablamos de cualquier ministro: Ulloa es el mismo que declaró haber enviado poemas en agradecimiento a Luis Hermosilla. Ulloa ya fue sancionado por la propia Corte Suprema y actualmente está siendo investigado por tráfico de influencias”, añadió.

En esa línea, detalló que “además, estudiaremos impulsar una acusación contra los jueces que no se inhabilitaron, quienes, faltando a su deber de probidad, habrían vulnerado la Constitución”.

“Vergüenza nacional”

Por su parte, la diputada Daniella Cicardini sostuvo que “lo ocurrido hoy en la Corte Suprema es, evidentemente, una vergüenza nacional. Este empate que salva a Ulloa es insólito. Deja un manto de dudas sobre la imparcialidad que debe tener el Poder Judicial”.

Además, enfatizó que “hablamos de Antonio Ulloa, parte de la red de Hermosilla, donde se involucraba tráfico de influencias y nombramientos de jueces a diestra y siniestra. El Poder Judicial había asumido un compromiso de limpieza profunda y hoy entrega una pésima señal”.

“Se instala la corrupción, se instala la duda y la suspicacia razonable entre los chilenos y chilenas. En la misma condición que Ulloa se encontraba la ministra Letelier”, acusó.

“Desde el Congreso Nacional haremos todo lo necesario para cumplir con lo prometido: garantizar que la justicia chilena sea un poder del Estado autónomo, independiente e imparcial. La autonomía, la independencia y la imparcialidad de la justicia no se venden, se defienden. Y usaremos todas las herramientas de la Constitución para salvaguardarlas”, cerró.