84% en contra de las tomas de terreno y 61% que son “otra expresión del crimen organizado, que lotea y vende terrenos ilegalmente”.

Una nueva medición de Panel Ciudadano-UDD, divulgada este jueves en medio de la controversia por la toma de San Antonio —donde habitan cerca de 10 mil personas—, muestra un amplio rechazo social a las ocupaciones ilegales: 84% de los encuestados está en contra, 10% no tiene opinión y 6% las respalda. Por género, el rechazo alcanza 86% en mujeres y 82% en hombres; el apoyo llega al 5% y 7%, respectivamente.

Consultados por cómo definen las tomas, un 61% las considera “otra expresión del crimen organizado que lotea y vende terrenos ilegalmente”, mientras que un 29% las ve como un fenómeno espontáneo y sin planificación. El 10% restante optó por otras alternativas o dijo no saber.

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Sobre el desempeño estatal frente al aumento de tomas, el juicio es severo: 53% califica la respuesta como “deficiente: actuó tarde y mal” y 34% como “insuficiente: buscó soluciones, pero sin resultados”. Sólo 6% cree que las acciones han sido adecuadas; 7% no tiene opinión.

En cuanto a qué debiera hacer el Estado, 59% se inclina por desalojar y devolver el terreno a sus dueños, 28% propone mediar entre propietarios y ocupantes, y 10% sugiere expropiar para construir viviendas; 3% estima que el Estado no debe intervenir. Respecto del trato a quienes participan de tomas, 29% plantea reubicación temporal en albergues, 25% prohibir por un tiempo el acceso a subsidios habitacionales, 20% desalojar sin más y 18% dar prioridad en viviendas sociales; 8% no sabe.

Finalmente, 80% percibe que el aumento de tomas perjudica a quienes esperan un subsidio estatal de vivienda, mientras 11% cree que no afecta (el resto no sabe). La encuesta instala así un cuadro de alta desaprobación a las ocupaciones y demanda mayor definición del Estado entre medidas de orden, mediación y soluciones habitacionales.