Fiscalía pide desafuero de Claudio Orrego por caso ProCultura
El ministerio Público indaga un convenio directo por más de $1.600 millones con la ONG dirigida por Alberto Larraín.
Fiscalía pide desafuero de Claudio Orrego por caso ProCultura / VICTOR HUENANTE
El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, ingresó este miércoles una solicitud de desafuero en contra del gobernador regional metropolitano, Claudio Orrego. La petición se enmarca en la investigación conocida como caso ProCultura, luego de que el exmilitante DC aprobara un convenio directo por más de $1.600 millones con la ONG dirigida por Alberto Larraín.
La solicitud busca que la justicia autorice levantar la protección legal del cargo para permitir eventuales actuaciones penales en su contra. De acogerse, el Ministerio Público quedaría habilitado para formalizar la investigación y pedir medidas cautelares, según los antecedentes que exponga ante el tribunal competente.
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El caso ProCultura indaga convenios suscritos por organismos públicos con dicha fundación/ONG y la forma en que se aprobaron y ejecutaron los recursos asociados. En el episodio referido a la Región Metropolitana, el foco está puesto en el trato directo aprobado por la autoridad regional por un monto que supera los $1.600 millones.
Tras la presentación, corresponde que el tribunal admita a tramitación, notifique a la defensa y fije audiencia para resolver la procedencia del desafuero. Mientras ello no ocurra, Orrego mantiene la presunción de inocencia y puede ejercer todos sus derechos procesales.
Declaración de Orrego
El gobernador entregó una declaración donde señalan que aun no han sido notificados de la solicitud de desafuero. Agragando que “el Gobernador declaró voluntariamente ante el Fiscal Cooper en diciembre de 2024 y hemos aportado todos los antecedentes relativos a los programas adjudicados y ejecutados por la Fundación, así como las acciones emprendidas por el Gobierno Regional para la custodia y recupero de los dineros públicos asignados.”
La defensa del Orrego enfatizo en que “no ha incurrido en ningún delito ni irregularidad en el ejercicio de sus funciones. Confiamos plenamente en que, una vez que tengamos acceso al contenido de la solicitud y se analicen los antecedentes, quedará jurídicamente acreditado que la actuación del Gobernador ha sido ajustada a derecho y en resguardo del interés público. Una vez conocidos los detalles de la petición, podremos entregar mayores informaciones y comentarios”.
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