Oposición anuncia bloqueo legislativo al Gobierno tras rechazo a multas por voto obligatorio
Los jefes de bancadas opositores apuntaron sus críticas a la ministra Macarena Lobos, acusándola de no alinear al oficialismo en la votación que necesitaba 77 respaldos y quedó a dos votos de ser aprobada.
El rechazo en la Cámara de Diputadas y Diputados a la indicación que establecía multas por no votar desató una dura reacción de la oposición, que acusó al Gobierno de incumplir compromisos políticos y anunció represalias en el Congreso.
La molestia se centró en la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, a quien responsabilizan de no haber logrado ordenar al oficialismo para aprobar la norma que requería 77 votos y obtuvo solo 75.
La diputada Joanna Pérez (Demócratas), autora de la propuesta, acusó que “el Gobierno no cumple su palabra” y que el carácter obligatorio del sufragio “queda vacío” sin sanciones.
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En tanto, este miércoles, en un punto de prensa, los jefes de bancada de oposición —Henry Leal (UDI), Frank Sauerbaum (RN), Francisco Undurraga (Evópoli), Cristián Araya (Republicanos), Johannes Kaiser (PNL) y la propia Pérez— anunciaron que no tramitarán proyectos del Ejecutivo en las comisiones donde tengan representación. Además, advirtieron que no darán sus votos para el ingreso de subsecretarios a la Sala.
“El Gobierno debe entender que los acuerdos se respetan. Lo de ayer es un incumplimiento grave a la Constitución y a la obligación que tienen los ministros de Estado”, afirmó el diputado Cristián Araya, según La Tercera, quien adelantó que la Comisión de Seguridad que preside no revisará iniciativas oficiales mientras no se recomponga la confianza.
Desde Renovación Nacional, Frank Sauerbaum recalcó que no habrá “acuerdos ni facilidades” hasta que el Ejecutivo retome el diálogo con la oposición.
El proyecto de voto obligatorio, despachado ahora al Senado, avanzó sin sanciones económicas. Pese a ello, el Gobierno insistió en que seguirá promoviendo multas que oscilen entre 0,5 y 3 UTM, además de ajustes a la participación de extranjeros, aunque la tensión política anticipa un complejo trámite legislativo.
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