Frenan medida de Ripamonti: Viña del Mar busca disminuir sueldos más altos en salud para aumentar los más bajos
El plan detonó la reacción de 378 profesionales, quienes alegan vulneración de la integridad psíquica, igualdad ante la ley, justa retribución y derecho de propiedad.
Frenan medida de Ripamonti: Viña del Mar busca disminuir sueldos más altos en salud para aumentar los más bajos / YVO SALINAS
La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (FA), celebró el 31 de julio la aprobación —por 7 votos a favor, dos abstenciones y una inhabilitación— de la nueva tabla de remuneraciones de la atención primaria de salud (APS). “Esto es profundamente económico, pero también político. La nueva tabla responde justamente a esa doble dimensión”, afirmó entonces. El ajuste, que debía regir desde el 7 de agosto, buscaba “equidad salarial y protección a los funcionarios con menores ingresos”, concentrando recortes en las categorías A y B (sueldos desde $3,5 millones hasta sobre $14 millones) de entre 1,5% y 23,4%, compensados hasta fin de año por un “bono de transición”. A la vez, proyectaba un alza de 0,64% para 750 trabajadores de las categorías C a F.
El plan detonó la reacción de 378 profesionales —entre ellos la encargada del CECOSF de Forestal Alto, Laura Hernández Norambuena— que se sintieron menoscabados y presentaron cuatro recursos de protección. Alegan vulneración de la integridad psíquica, igualdad ante la ley, justa retribución y derecho de propiedad. Uno de los libelos fue interpuesto por la Confusam, que judicializó la disputa contra la alcaldesa y la gerenta de la Corporación Municipal de Salud, Camila Brito.
Inicialmente, salas distintas de la Corte resolvieron de manera dispar la orden de no innovar (ONI). Pero al agruparse las causas, el tribunal extendió la cautelar a todos los recurrentes, congelando las rebajas mientras se resuelve el fondo. Con la ONI vigente, se mantiene el pago bajo la tabla anterior, informa El Mercurio.
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El municipio y la corporación solicitaron reponer y dejar sin efecto la ONI. Argumentan que no se trata solo de un ajuste “técnico o administrativo”, sino de “condiciones estructurales que afectan directamente la capacidad del sistema para funcionar con legalidad y sostenibilidad”. En su escrito advierten que sostener la planilla sin los cambios “constituirá un gravamen insoportable”, pues proyectan un déficit de $3.300 millones a fines de 2025, “poniendo en serio riesgo el pago de remuneraciones de los propios recurrentes, durante lo que resta del año, y de 1.900 funcionarios”.
La defensa de los trabajadores descarta que la medida cautelar sea desproporcionada. “La cautelar no impone una nueva obligación. Mantiene el statu quo, ordenando a la recurrida que cumpla sus obligaciones contractuales mientras resuelve el fondo”, replicó el abogado Paulo Pérez, quien también rechazó que las remuneraciones cuestionadas sean “privilegiadas” o “carentes de fundamento legal”.
El caso, que partió con el foco en recortes a los tramos altos para financiar una leve alza en los más postergados, terminó escalando a una pugna judicial con efectos presupuestarios. Mientras la Corte analiza los antecedentes y fija calendario para oír alegatos, la APS viñamarina opera con la estructura salarial previa al ajuste.