VIDEO. Director de Ciper y el caso Democracia Viva: “La acusación está bien armada, pero aún falta evidencia clave”
Pedro Ramírez analizó en País ADN los detalles de la acusación de la Fiscalía, que pide hasta 10 años de cárcel para los imputados: Carlos Contreras, Catalina Pérez, Paz Fuica y Daniel Andrade.
El caso Democracia Viva, que marcó el inicio del denominado “Caso Convenios”, entra en una fase decisiva. Esta semana, la Fiscalía presentó su acusación por fraude al fisco, solicitando penas de hasta 10 años de cárcel para los principales imputados: el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras; la diputada Catalina Pérez; la exconcejala Paz Fuica y el representante legal de la fundación, Daniel Andrade.
En conversación con País ADN, el director de CIPER, Pedro Ramírez, advirtió que, si bien el Ministerio Público ha logrado estructurar un relato sólido, todavía no se han mostrado pruebas que lo respalden completamente.
CIPER
“Lo que quedó claro es que esta es una situación grave en que efectivamente hubo un conflicto de interés muy evidente, muy grande”, señaló.
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Según Ramírez, la acusación se funda en tres puntos principales: la intervención irregular del exseremi Contreras en la selección de la fundación, el hecho de que Democracia Viva no cumplía con los requisitos establecidos, y la supuesta coordinación entre los implicados.
“La Fiscalía plantea que la diputada Pérez se pone de acuerdo con Contreras y Andrade para que la fundación accediera a estos recursos. Ese es un relato, pero hasta ahora no se ha presentado ninguna evidencia concreta de esa coordinación previa”, explicó.
Agencia Uno
El periodista subrayó que este contraste entre el relato y la falta de pruebas verificables debe ser seguido con atención. “Hasta aquí tenemos un relato muy convincente, muy bien armado, pero es un relato. Todavía no tenemos una evidencia que nos permita decir: sí, efectivamente se coordinaron previamente”, enfatizó.
Otro punto relevante, añadió el director de Ciper, es que los 426 millones de pesos en cuestión no desaparecieron. “Los gastos se hicieron, las obras se construyeron, las sesiones de trabajo se realizaron y fueron aceptadas por el Ministerio de Vivienda. El remanente fue devuelto. Por lo tanto, la Fiscalía tendrá que demostrar que esos recursos se aplicaron en algo que no correspondía”, detalló.
Con todo, insistió en la necesidad de diferenciar entre la espectacularidad mediática y los hechos probados: “Este caso partió con mucha amplificación, se habló incluso de lavado de activos y de la implicación de altos funcionarios de gobierno. Hoy, lo que tenemos es una acusación por fraude al fisco contra tres personas. Será el juicio oral el que finalmente confirme si hay pruebas para sustentar esa narrativa”.