Cámara de Diputados aprueba proyecto de las Reglas del Uso de la Fuerza y declara inadmisible indicación sobre Justicia Militar
La iniciativa fue aprobada por los 144 parlamentarios presentes en la votación.
Luego de dos jornadas de acaloradas de discusiones sobre las reglas del uso de la fuerza, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de las Reglas del uso de a Fuerza, destinada a reglamentar la forma y ocasiones en las fuerzas de orden pueden utilizar su armamento.
La iniciativa fue aprobada en general de forma unánime por los 144 parlamentarios presentes en la discusión. Luego se votó la admisibilidad del artículo que buscaba que los funcionarios policiales fueran juzgados por tribunales militares, quedando fuera de la ley.
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El proyecto define el uso de la fuerza como una medida de eficacia del derecho, en virtud del deber estatal de garantizar el orden y la seguridad pública, y establece principios rectores como la legalidad, necesidad, responsabilidad y racionalidad que deben guiar al personal en su aplicación.
Además, se establecen etapas del uso de la fuerza que corresponden a distintos grados de resistencia o agresión, y se detallan los deberes de formación y capacitación del personal, así como las obligaciones de precaución, identificación, advertencia y gradualidad en su empleo. La fuerza potencialmente letal solo se justifica en circunstancias donde las medidas menos severas resulten insuficientes, y bajo condiciones de cumplimiento del deber o legítima defensa.
Un punto controvertido fue la modificación propuesta respecto a la Competencia de los Tribunales Militares. Se sugirió que durante estados de excepción constitucional y en situaciones específicas como el resguardo de infraestructura crítica, los delitos imputados a militares serían conocidos por Tribunales Militares. Esta propuesta fue vista por algunos como un retroceso en la protección de los derechos humanos y fue declarada inadmisible en Sala.
El debate también tocó temas como los eximentes de responsabilidad para el personal uniformado y la eliminación del principio de proporcionalidad, lo que generó fuertes críticas. No obstante, la reintegración de la prohibición de la tortura fue un cambio positivo logrado en la Sala.
Este proyecto busca proporcionar un marco más claro y estructurado para el uso de la fuerza, intentando equilibrar la necesidad de seguridad con el respeto a los derechos humanos, aunque sigue siendo tema de división y debate intenso entre los legisladores.