The Economist asegura que “la crisis en Chile no ha terminado” y que “la turbulencia política es la norma” tras el estallido social
El medio apunta a tres áreas en las que la actual administración debería concentrar los esfuerzos: la política, la educación y la economía.
Agencia Uno / FRANCISCO FLORES SEGUEL/AGENCIAUNO
“Una sensación de fatiga se cierne sobre Santiago, la capital de Chile. Desde 2019, el lugar que alguna vez fue considerado el ejemplo de América Latina se ha convertido en un lugar de tumulto”.
Esa es la frase de apertura con la que el medio The Economist comienza un editorial en la que hace una revisión del estado actual del país.
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El medio británico expuso los resultados de las últimas elecciones como contexto: la elección del Presidente Gabriel Boric como el “más izquierdista del país en medio siglo”, a lo que se suma el auge de la extrema derecha, dos intentos frustrados de nueva Constitución y “para colmo”, los incendios forestales: “¿Podrá Chile volver a la normalidad?”.
Esa “normalidad” de la publicación de habla inglesa apunta, al parecer, a la política nacional “moderada y consensuada”, con un crecimiento económico “más rápido” que el de los otros países de la región, disminuyendo la pobreza del 45% al 24% de la población en dos décadas, según cifras del Banco Central. “Con una economía de mercado y el “compromiso con el Estado de Derecho, Chile era uno de los pocos países de la región que parecía probable alcanzar el estatus de desarrollado en una generación”, se lee.
“La estabilidad se hizo añicos en 2019 por lo que los chilenos llaman ‘El Estallido Social’”, continúa la publicación, precisando que fueron dos meses de protestas, quema de estaciones de Metro e iglesias, y saqueos a supermercados. También el Gobierno de Sebastián Piñera, aseguraron, “estuvo a punto de caer”. El motivo habría sido una mejora de pensiones, del sistema de atención médica, la educación gratuita y el “fin al modelo neoliberal instalado originalmente por la dictadura”: “Lo que obtuvieron fue un acuerdo de los políticos para establecer una convención constitucional que reemplazara la carta constitucional de Chile de 1980″.
Lo que vino fue una Convención “de extrema izquierda” que redactó “un texto utópico y claramente inviable”. El rechazo de esta fue, de acuerdo al periódico, también una derrota para el Presidente Boric, “que fue elegido gracias al estallido y cuya coalición del Frente Amplio había apoyado el texto revisado”. El órgano siguiente, el Consejo, estuvo encabezado por el Partido Republicano, “un nuevo grupo de extrema derecha”, el que “cometió el mismo error: el borrador estaba lleno de moralismo conservador”.
Los rechazos podrían haber sido por, al menos, dos motivos: una tergiversación de la opinión pública y un cambio de prioridades.
Los cambios de las preocupaciones ocurrieron, primero, por una “ola de criminalidad”: “Según los estándares regionales, Chile sigue siendo un país seguro. Pero la tasa de asesinatos ha aumentado de 4,6 por 100.000 personas en 2021 a 6,5. La extorsión y el uso de armas de fuego, antes poco comunes, se han extendido, especialmente en los barrios urbanos más pobres. Esto ha coincidido con la llegada de alrededor de 1 millón de inmigrantes desde 2015, y en parte está relacionado con ella, muchos de ellos procedentes de Venezuela. La mayoría son trabajadores; algunos son parte de bandas criminales. Como resultado, las demandas de los manifestantes en 2019 parecieron mucho menos apremiantes que abordar el crimen”.
En lo de la tergiversación, apuntaron a que el Presidente Boric “sobreestimó su capacidad para implementar el cambio”. Esto, incidido por un Congreso compuesto mayormente por la oposición, a lo que se agrega una “una economía sobrecalentada de Piñera”.
Para administrar el Estado, entonces, “sacrificó a su equipo inicial de antiguos líderes estudiantiles y recurrió a cuadros experimentados del centro-izquierda, entre ellos Carolina Tohá y Marcel”: “En lugar de su plan de aumentar la recaudación impositiva en un 4% del PIB, ahora espera solo la mitad de esa cifra, principalmente tomando medidas enérgicas contra la evasión, como parte de un ‘pacto fiscal’ que también implica la promesa de reducir el gasto despilfarrador. Está impulsando una ley destinada a reducir la burocracia. En lugar de la prometida abolición de los fondos de pensiones privados, el gobierno discute con la derecha sobre los detalles de cómo asignar una nueva contribución de los empleadores a las pensiones”.
Hacia el final, apunta a tres temas para “arreglar”: la política, la educación y la economía.
En la primera, el foco estuvo en las consecuencias de la reforma al sistema electoral que eliminó el sistema binominal, cuyo “resultado ha sido una fragmentación extrema: la cámara baja del Congreso, de 155 escaños, tiene 22 partidos y 40 independientes, lo que dificulta la negociación”.
En cuanto a educación, “entre 1995 y 2020 el gasto público en ella aumentó del 2,3% del pib al 5,6%. Sin embargo, los resultados medidos en pruebas internacionales apenas han mejorado. Mientras tanto, una desaceleración económica fue una causa importante, aunque no la única, del estallido. Kast insiste en que la solución es reducir el tamaño del Estado y recortar los impuestos. La izquierda responde que si bien esa fórmula produjo crecimiento bajo Pinochet, la economía de Chile es ahora más sofisticada. Los funcionarios tienen grandes esperanzas en el litio y el cobre. Chile tiene amplias reservas de ambos. Ayudarán, pero no lo suficiente. El crecimiento ahora requiere reformas para promover la innovación e incentivos para que las empresas asuman riesgos, dice Eduardo Engel de la Universidad de Chile”.
“El estallido vio ‘un sentimiento de culpa entre la clase política y empresarial’, según Eugenio Tironi, consultor político. Pero en muchos casos eso duró poco. Para seguir adelante, el país necesita acuerdos amplios sobre cuestiones de política y crecimiento. ‘Si no hay flexibilidad y pragmatismo para alcanzar soluciones, Chile podría quedarse atrapado en un ciclo de frustración’, advierte la señora Tohá”, cierra la publicación.
