Nuevo presidente de Revolución Democrática y Caso Convenios: «Esto afecta a todos los partidos políticos y quien pierde es Chile, porque se genera desconfianza»

Diego Vela es cercano al exministro Giorgio Jackson. También trabajó con el senador Juan Ignacio Latorre. Ambos fueron figuras que cumplieron roles relevantes en Revolución Democrática, partido que Vela (ingeniero comercial, máster en Economía y en Sociología) asumió como timonel el domingo pasado. A sus espaldas no solo están sus redes, también el Caso Convenios (detonado por dos exmilitantes y la suspendida diputada Catalina Pérez) y el impulso del Frente Amplio hacia un partido único en el que confluirían Comunes y Convergencia Social. 

En ADN Hoy, este martes, Vela calificó como «doloroso» todo lo que ha generado el Caso Convenios en la colectividad que asumió. Aunque advirtió que en menos de un mes se expulsó a los dos militantes involucrados:

«La justicia indica que RD no tiene ninguna relación con el caso: fueron personas particulares, que fueron expulsadas del partido y que la justicia determinará responsabilidades en un proceso que durará al menos un año más. Lo que buscamos como partido es fortalecer el partido. Estamos muy orgullosos de lo construido en casi 12 años. Queremos retomar eso, que es buscar cambiar la vida de las personas, nosotros somos partido para mejorar la calidad de vida de las personas».

En su diagnóstico fue más allá: «Esto que ha sucedido afcta a todos los partidos políticos y quien pierde es Chile, porque se genera una mayor distancia y desconfianza entre la ciudadanía y lo que deberían hacer los partidos spolíticos y quienes formamos parte de eso, creemos en ellos como forma de transformación social y queremos reivindicarla».

Factor Crispi

Uno de los puntos que más alcance mediático ha generado la investigación por el Caso Convenios son los dineros traspasados cuando el actual jefe de asesores de La Moneda, el erredé Miguel Crispi, era subsecretario de Desarrollo Regionla (Subdere). Aunque la defensa de Diego Vela fue categórica.

Ha podido asistir a la comisión que indaga en estos traspasos. Dijo: «Me molesta profundamente la actitud que ha tenido la derecha. Ayer pude ir un rato a la comisión. Habían citado a los exministro (Felipe) Ward y (Cristián) Monckeberg. Ni siquiera respondieron el correo diciendo que no iban a ir y nadie generó un problema con eso. Miguel Crispi, desde el primer día, aportó los antecedentes que le estaban solicitando para la comisión (…) Él, de iniciativa propia, entregó los antecedentes, buscando responder por ahí, porque entendía que lo que se iba a buscar era hacer un punto político para vincular al Presidente más que aclarar las cosas que eran necesarias por su rol de exsubsecretario de Subdere».

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Luego agregó: «El enredo que se generó no aportó al fondo. Se generó una tensión por la forma. Lo que compartimos como RD es aportar al fondo, a que se llegue a la verdad del asunto y que las políticas públicas que puedan prevenir este tipo de hechos que se puedan repetir. Cuando ya se despejó que era deseable que fuera Miguel Crispi, él dijo que quería, que lo invitaran, y la derecha empezó a decir que no querían que fuera».

Aunque aseguró que el fin último de la comisión es «hacer un punto político más que ir al fondo»: «El rol de la comisión es fiscalizar y buscar políticas públicas que prevengan estos asuntos. Lo que hacían con Miguel Crispi era un punto político, que es distinto, para buscar vincular al Presidente con un caso que no tiene relación con él. Incluso, cuando uno ve el objetivo y la razón por la cual fue creada la comisión, que fija las reglas de los funcionarios, que es en torno al financiamiento de asentamientos precarios del Minvu, lo que los parlamentarios buscan usar va más allá de ese tema».

En la misma línea, llamó a «ser cuidadosos de cómo usamos las instituciones», pues «hoy la gente está agotada y agobiada de ver a políticos que pelean, de los dos sectores, que se aumenta la polarización y no se pasa a los temas de fondo, que en este caso la comisión investigadora debe ser llegar a la verdad y sacar políticas públicas que avancen en este tema, pero en otro ámbito es avanzar en una ley de presupuesto que incorpore urgencias para la ciudadanía y que hoy condiciones avances por hacer el punto político».

Aunque en el Caso Convenios en particular, aclaró que el 85% de los casos investigados por el Ministerio Público son a partir de la Ley de Presupuesto 2022, establecida por el Gobierno Anterior: «El problema es que estamos teniendo políticas de Estado que están abriendo espacios para arbitrariedades y malos usos. Eso hay que corregirlo y para eso, hay que ir al origen del asunto y también cómo se ha ido implementando todos estos años: los que más pierden son los chilenos (…) Lo importante es que desde el sistema político se trabaje con ese objetivo, no buscar la pelea chica».

Proceso constitucional

Aunque dice que esperará a ver la versión final de la propuesta de Carta Magna que emane del Consejo Constitucional por un tema de «responsabilidad«, hay una serie de temas que ha trascendido y que a él, como presidente del partido, le preocupan: derechos de las mujeres, «que se ve reflejado en la posibilidad de la inconstitucionalidad del aborto en tres causales»; la «institucionalización de muchos privilegios», como exenciones tributarias; la «debilitación» del Estado Social de Derecho, vinculando la libertad con el poder adquisitivo; o la «impunidad a violadores de derechos humanos», todas «materias con letra chica, que son grandes titulares, pero cuando se ve cómo se pasará a la práctica, nos preocupa».

Así las cosas, ve que en la actual Constitución, la que rige, «al menos tiene mayores flexibilidades para poder hacer modificaciones». 

Descartó, en la misma línea, un nuevo proceso: «Entendemos que si esta propuesta constitucional se rechaza, se cierra un proceso por un periodo de no sabemos cuánto tiempo. Pero de seguro que por este Gobierno ya no se va a poder insistir en eso. Veo muy difícil que en un mediano plazo se insista en un proceso de nueva Constitución. Claramente, nos gustaría en un momento lograr una nueva Constitución con la legitimidad que se necesita, recordando ahí que este proceso se inició hace ya tres años, con un 70% y tanto de apoyo de tener una nueva Constitución, pero lamentablemente estos dos procesos han sido un fracaso en lograr construir una nueva Constitución de todas y todos. Me quedo más en hoy asegurar que tengamos una Constitución que no retroceda en derechos sociales y hoy lamentablemente la propuesta que se está presentando está significando un retroceso significativo».

Increpó, también, a su par gremialista, el timonel de la UDI, Javier Macaya: «Me sorprenden las voleteras del presidente de la UDI, que antes era muy impugnador porque se estaba socializando el texto de propuesta de nueva Constitución; ahora está exigiendo al Gobierno que tome una postura. Aquí hay que ser responsable con las leyes, consistente en el tiempo. Me parece bien que el Gobierno asuma ese rol de informar de la propuesta constitucional para asegurar que las chilenas y chilenos, en libertad, puedan tomar la decisión de si esta propuesta refleja el país que quieren construir».