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«Caso Cuentas Corrientes»: Brigada de Delitos Económicos PDI allana municipalidad de Cobquecura

El hecho se da en el marco de la investigación del caso que indaga presuntas irregularidades en distintos municipios del país y que tiene a dos alcaldes imputados.

«Caso Cuentas Corrientes»: Brigada de Delitos Económicos PDI allana municipalidad de Cobquecura

Durante la jornada de este miércoles, personal de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI) de Ñuble allanó la Municipalidad de Cobquecura.

Esto, con el objetivo de dar cumplimiento a una orden de entrada, registro e incautación emitida por el Juzgado de Garantía de Bulnes, en el marco de la investigación del «Caso Cuentas Corrientes«, el cual indaga presuntas irregularidades en la licitación de cuentas bancarias en distintos municipios del país.

A raíz de esta situación, el alcalde de San Ignacio, César Figueroa, y tres personas más se encuentran en prisión preventiva. Asimismo, el pasado 21 de abril, se decretó arresto domiciliario total para el alcalde de Ñiquén, Manuel Pino, por dos delitos de cohecho.

«Caso Cuentas Corrientes»

Precisamente, uno de los puntos más controversiales en las imputaciones hechas por la Fiscalía Regional de Ñuble, apunta al delito de fraude al fisco en las municipalidades de San Ignacio y de Ñiquén

Según el ente persecutor, el fraude se deduce de la contratación de un profesional, en este caso el empresario y dueño de la consultora Gestión Global, Rodrigo Carmona, para realizar un estudio que, perfectamente, pudo haber hecho algunos de los ingenieros comerciales que trabajan en los municipios investigados.

Por otro lado, la defensa apela a que ante tal escenario, todas las municipalidades del país y las instituciones públicas en general, se ven en la obligación de contratar asesorías profesionales para resolver situaciones específicas, sin que eso les signifique una persecución ni una sanción penal.

Cabe mencionar que tanto para el alcalde César Figueroa como para el alcalde Manuel Pino, se fijaron siete meses como plazo para la investigación.

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