Defensa de exministra Ríos: “Todos sabemos que la facultad de indultar es del Presidente”
La defensa de Marcela Ríos señaló que se puede evaluar si los indultos estuvieron bine o mal hechos, pero que "eso no es motivo para una acusación constitucional".
El abogado defensor de la exministra de Justicia, Marcela Ríos, expuso ante la comisión revisora de la acusación constitucional de la Cámara de Diputadas y Diputados.
La defensa de la ex jefa de cartera está en mano de otro exministro: José Antonio Viera-Gallo. El abogado expuso que se puede valorar si los indultos presidenciales estuvieron bien o mal hecho, pero que eso no es motivo para una acusación constitucional.
«Si se traspapeló un papel, si se dictó un decreto un día, si se dictó otro el otro día, son cosas que pasan en todos los gobiernos y no solo en los gobiernos, pasa en las instituciones en general. La acusación constitucional, por lo grave que es, tiene que ser con una causal taxativamente contemplada en la Constitución, no es la sede para definir si un ministro lo ha hecho bien o lo ha hecho mal», expuso el defensor.
Viera-Gallo también esgrimió que la ministra no es la responsable de los indultos, sino que la facultad es exclusiva del Presidente de la República, por lo que no corresponde acusar a Marcela Ríos.
«Es el Presidente el que indulta»
«Todos sabemos que la facultad de indultar es del Presidente. Ahora, evidentemente, como aquí mismo se ha dicho, esa facultad no se delega, esa facultad se comparte. Evidentemente que la ministra Marcela Ríos al firmar los indultos no lo hizo contra su voluntad, lo hizo compartiendo la responsabilidad del Presidente, pero no es un acto autónomo de ella», argumentó el abogado.
«Ella no puede indultar a quien quiera, es el Presidente el que indulta, y por eso se dice ‘por orden del Presidente’», enfatizó.
Finalmente, la defensa expuso que «es una gran confusión porque aquí se ha recurrido a tres instancias, es verdad que con propósitos distintos, pero alegando la misma causal o el mismo motivo. Aquí se puede dar el absurdo que el Parlamento decida una cosa (…) y en cambio la Contraloría y el Tribunal Constitucional digan lo contrario» y agregó que «la lógica indicaba que se fuera primero a la Contraloría, después al tribunal».