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Ministro Jackson en la antesala a la votación de la acusación constitucional: «Más que tener argumentos jurídicos, tiene un índole netamente político”

El titular de Desarrollo Social señaló que, para evaluar la acción, "separaría los ámbitos" de su gestión en la Secretaría General de la Presidencial y el ministerio que lidera hoy.

Giorgio Jackson, 1024x576 jpg ok

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La comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, rechazó, por un voto a favor, tres en contra y una abstención, el líbelo. Y si bien no es vinculante, puede dar luces del futuro de la acción.

Antes de conocer esta votación, el propio Jackson se refirió a los motivos detrás de la acusación durante una actividad para la promoción de la inoculación con la vacuna bivalente contra el covid-19:

“Una cosa son las autocríticas a por ejemplo mi desempeño como ministro secretario general de la Presidencia, cosa que he hecho pública en varias entrevistas por el tema, y otra cosa muy distinta es tratar ocupar eso para lo que ha sido la gestión que hemos mantenido, no solo yo, sino con nuestros equipos en el Ministerio de Desarrollo Social que creemos que va avanzando a un ritmo importante”.

El secretario de Estado, luego, precisó que «al menos separaría los ámbitos. Por cierto, uno siempre busca tener autocrítica respecto a los distintos desempeños que realiza, eso es algo común, eso es algo frecuente, eso es algo sano, sacar aprendizajes de los procesos. Distinto es lo que está ocurriendo hoy día con una acusación constitucional interpuesta por nueve diputados y una diputada del Partido Republicano”.

“Esta sería una acusación constitucional que, más que tener argumentos jurídicos que puedan vincularme algún problema en materia de administración, como lo han dicho los propios parlamentarios que apoyan esta acusación, tiene más bien un índole netamente político”, enfatizó.

Con todo, está programado para este jueves la votación en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados  la acusación. De ser aprobada allí, debería pasar al Senado, quien finalmente resolvería la acción. En un escenario desfavorable para el militante de Revolución Democrática, podría quedar inhabilitado para ejercer cargos públicos por cinco años.

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