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Propuesta constitucional del oficialismo: órgano 100% electo, paridad, escaños para pueblos originarios y comité de expertos

Desde las coaliciones de Gobierno también firman que se debe incorporar a los independientes mediante mecanismo electorales.

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Los partidos de Apruebo Dignidad y del Socialismo Democrático, las dos coaliciones de gobierno, llegaron a un acuerdo sobre la propuesta de mecanismo para el órgano encargado de escribir una nueva propuesta constitucional.

Esto se da en el marco de negociaciones entre las distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria que se están sosteniendo desde el triunfo del Rechazo el pasado 4 de septiembre.

Uno de los principales puntos acordados por los partidos de gobierno es que el nuevo órgano tiene que ser 100% electo, «tal como lo mandata el plebiscito de octubre 2020», específica el escrito.

Según publica T13, la paridad entre los convencionales es otro de los pilares de la propuesta, donde se sostiene que esto «es una condición democrática que debe sostenerse y para ello el carácter representativo del órgano debe cumplirla tanto en la etapa de elección de sus representantes como en la composición total del órgano«.

Además, se acordó asegurar la participación de los pueblos indígenas a través escaños reservados «en un número proporcional al registro indígena de las Conadi».

Finalmente, dicen que «la participación de personas independientes debe garantizarse mediante mecanismos electorales que posibiliten ser elegidos dentro de las listas en conjunto con los partidos».

Comité de expertos

En la misma línea de la propuesta de Chile Vamos, el oficialismo plantea la incorporación al proceso de un comité de expertos que acompañe al órgano electo.

«Consideramos relevante que este equipo se conforme con carácter paritario y no deliberativo, resguardando el mandato soberano de las personas electas por la ciudadanía», escriben.

Este nuevo organismo estaría destinado a sistematizar insumos para el debate, incluyendo los creados en el proceso constitucional del gobierno de Michelle Bachelet y de la pasada Convención Constitucional.

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