Jefe de la Brigada Antisecuestros de la PDI por últimos hechos: «Nosotros no fomentamos el pago de rescate por víctimas en cautiverio»

La Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestros (BIPE) de la Policía de Investigaciones (PDI) fue creada en 1994 y tenía como «giro principal», digamos, los secuestros. En retrospectiva, su comisión pudo haber sido más política, si se considera que el país salía de una dictadura, había cargos políticos vitalicios y más. Pero Hassel Barrientos, jefe de la BIPE de la policía civil, contó en ADN Hoy que hubo un punto de inflexión el segundo semestre de 2021: los secuestros comenzaron a tener «mayor frecuencia»:

«Las primeras investigaciones arrojaban antecedentes que estas bandas estaban compuestas por personas que venían del extranjero, muchos de ellos en condición migratoria irregular, con ingresos clandestinos al país».

Y desde 2021 hasta ahora, hubo otro cambio: pasaron de secuestrar a personas de su misma nacionalidad. Entonces se configuró una situación de casos donde, además, «no había identificación de ellos (los secuestradores)», explicó.

Así las cosas, el Ministerio Público empezó, junto a la PDI, a aplicar nuevas estrategias, «lo que arrojó resultados positivos»: por ejemplo, en 2022 se desbarataron nueve bandas dedicadas a este delito, con dos operaciones de grandes magnitudes («Caracas» y «Clandestino») que usaban este delito «como medio de lucrar en el país», contó el subprefecto:

«Esencialmente, en las operaciones del año pasado, en su gran mayoría correspondía a personas de nacionalidad extranjera. Se trataba de secuestros extorsivos donde privaban de libertad a su víctima, la trasladaban a un lugar de cautiverio y otro grupo de esta misma banda (se trabaja muy compartimentado) generaba las extorsiones a fin de exigir dinero por la liberación de la víctima en cautiverio».

Uno de los casos que marcaron la primera semana de noviembre fue la del empresario metalúrgico Rudy Basualdo. Barrientos, si bien no puede referirse al trabajo de la otra policía («es una investigación muy delicada y hay que ser muy cauteloso en el proceso de negociación»), sí contó cómo la PDI aborda los secuestros. Y que, según se supo después, implicó el pago del monto exigido por los secuestradores:

Así, la PDI tiene tres fases: «La primera, avocar todos los medios técnicos y humanos a la liberación de la víctima sana y salva; la segunda fase es identificar y situar a los autores del delito; y la tercera donde la operación policial está destinada a la detención de los autores y a desbaratar a la organización o estructura criminal detrás de estos secuestros».

Consultado por aquellos casos donde se efectúan los pagos, reveló: «En los protocolos de negociación, nosotros no fomentamos el pago de rescate por víctimas de cautiverio. No obstante, muchas veces estas negociaciones se escapan, sobre todo cuando son de bandas criminales extranjeras, y triangulan estas extorsiones a familiares de las mismas víctimas, que son extranjeras, al extranjero».

¿Y si las familias quieren pagar, pese al protocolo de la policía civil? «Nosotros tampoco podemos negar que la familia, quizás, de forma paralela, pueda realizar un pago por la liberación de la víctima en cautiverio», respondió.

El aumento de los secuestros «es evidente», reconoció Barrientos, «pero en el caso nuestro, tenemos 118 concurrencias a primeras diligencias por delito de secuestro en lo que va del año, pero solo 45 pudimos establecer que correspondían a secuestros reales».

Cuando se paga el dinero pedido por los antisociales, en algunos casos «sí se recupera lo entregado; en otros, se hace seguimiento». Ese seguimiento considera, por ejemplo, la Brigada de Homicidios, la Brigada Investigadora contra el Crimen Organizado o la Investigadora de Lavado de Activos, siempre considerando que los secuestradores «tratan de borrar la huella que deja el dinero». A ello se suma que la BIPE que dirige Barrientos forma parte de la Comunidad Internacional Policial Contra el Secuestro y la Extorsión (CIPSE), la que permite prever escenarios.

En las nueve bandas desbaratadas en 2022, hubo 76 detenidos, dos tercios de los cuales eran extranjeros y «la mayoría de ellos, sino la totalidad, se encuentran en prisión preventiva». El mensaje final del jefe fue coincidente con que, pese a los últimos hechos, es un delito bajo control:

«BIPE demuestra que estamos trabajando en ello y que estamos desbaratando bandas criminales dedicadas a esto. Pasa que se trata de delitos que genera mucho impacto, mucha percepción de inseguridad cuando se hace muy mediático. Pero son investigaciones en curso: en la RM ya llevamos más de 40 detenidos por el delito de secuestro y seguimos trabajando e investigando. El llamado es a denunciar inmediatamente el hecho, porque están los equipos para apoyar a las víctimas».

Hacia el final, puso un ejemplo: «(En una) negociación indirecta, el equipo negociador consta de al menos cinco detectives: un negociador primario, otro secundario; un detective que hace las coordinaciones de la información que recavamos hacia el equipo en terreno; el que hace en contención emocional a la familia; y también al analista. Es un equipo que se despliega con una participación puntual en la investigación. El abordaje es una cosa y la investigación es otra, y van de la mano».