«Solo extenderá un problema»: gremio agrícola crítica veto del gobierno al proyecto de ley de usurpaciones
Además, la Sociedad Nacional de Agricultura defendió la iniciativa: “La ley aprobada en el Congreso entrega las herramientas para hacer frente a este flagelo y fortalece el Estado de Derecho”.
El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, se refirió al proyecto de ley que regula las usurpaciones ilegales de inmuebles y criticó el veto presidencial anunciado por el gobierno, señalando que “solo extenderá un problema”.
Recordar que el pasado miércoles, la Sala del Senado aprobó con 35 votos a favor y 6 abstenciones la iniciativa. En donde estuvo la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien -tras terminar la votación- confirmó que aplicarán la medida y que esta apuntará a la legítima defensa privilegiada.
Ante esto, el timonel de la SNA defendió el proyecto: “La usurpación es un problema constante en las zonas rurales de nuestro país y requiere inmediata acción por parte del Estado. La ley aprobada en el Congreso entrega las herramientas para hacer frente a este flagelo y fortalece el Estado de Derecho, indispensable para el desarrollo productivo del país, atraer inversiones y generar empleos”, según consignó La Tercera.
“El veto anunciado por el gobierno solo extenderá un problema cuya solución hoy está sobre la mesa”, agregó.
En esa línea, Walker invitó a “las autoridades a analizar los efectos positivos que han traído iniciativas como la Ley de Robo de Madera y la Ley Naín-Retamal, que también fueron cuestionadas en su momento y han mostrado ser herramientas eficientes para combatir la delincuencia”.
“Esto no lo vamos a promulgar”
El proyecto apunta a regular los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, establecer nuevas penas y formas comisivas e incorporar mecanismos eficientes de restitución. Algo que desde el Ejecutivo expresaron su apoyo: “El gobierno está de acuerdo que se debe abordar el tema de usurpaciones”, dijo el ministro de Justicia, Luis Cordero.
Pero se han mostrado críticos con dos figuras jurídicas que la iniciativa mezcla, que es la legítima defensa privilegiada y la flagrancia permanente. Las que, a juicio de Cordero, “generan un riesgo”.
Tras la aprobación del proyecto de ley de usurpaciones, el gobierno cuenta con 30 días para aplicar un veto que, de acuerdo con Tohá, apuntará a solucionar “este problema de la legítima defensa privilegiada, permanente e ilimitada”. Por lo que están analizando qué veto presentarán (aditivo, supresivo o sustitutivo) para no alterar lo positivo de la iniciativa.