Cámara aprueba proyecto que sanciona porte injustificado de combustibles en la vía pública
La iniciativa, que forma parte de la agenda de seguridad del Gobierno, ahora deberá ser revisada por el Senado.
Este martes, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley, incluido en la agenda de seguridad del Gobierno, que busca sancionar el porte injustificado de combustibles en la vía pública.
En concreto, la iniciativa tiene por objetivo establecer como falta el porte sin justificaciones de combustibles que podrían utilizarse para cometer atentados o dañar personas y objetos en lugares públicos durante reuniones.
Posibles modificaciones a la ley
El proyecto, que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal, tiene como objetivo proteger el derecho a manifestarse pacíficamente y asegurar la seguridad de los manifestantes, transeúntes y fuerzas policiales.
Para ello, se establece una nueva falta en el sistema penal para aquellas personas que lleven consigo combustible en contextos de reuniones públicas, sin una justificación razonable.
La sanción por esta falta implicará una multa de diez a veinte Unidades Tributarias Mensuales (UTM), es decir, desde los 630 mil pesos a el millón 200 mil pesos, a menos que se pueda proporcionar una explicación válida para el porte del combustible.
Además, se concede a las fuerzas de policía la facultad de detener a quienes incurran en esta falta.
El debate
El proyecto que busca sancionar el porte injustificado de combustibles generó un amplio y profundo debate en el contexto de la lucha contra los actos de violencia en las manifestaciones.
Algunos representantes de la izquierda y el Frente Amplio expresaron su oposición al proyecto, argumentando que socava la presunción de inocencia y podría ser utilizado de manera discrecional por las fuerzas de seguridad. Otros, mayoritariamente de la derecha y algunos del centro, consideraron que esta iniciativa es necesaria para proteger el derecho a la protesta pacífica y evitar posibles actos violentos.
Finalmente, representantes de sectores afines al Gobierno, como el Partido Socialista y el Partido Liberal, tuvieron una postura intermedia. Si bien respaldaron el proyecto, rechazaron la idea de establecer sanciones penales en este contexto.
En tanto, la ministra del Interior, Carolina Tohá, destacó que la iniciativa busca defender el derecho a la manifestación pacífica. “Debemos dar un consenso político de que las molotov deben ser erradicadas”, dijo.
Aun así, la secretaria de Estado expresó su preocupación por la sanción penal propuesta, ya que podría contradecir la falta establecida y se podría recurrir al Tribunal Constitucional en caso de ser aprobada.
«El Ejecutivo deja planteada reserva de constitucionalidad respecto de la indicación que se aprobó del diputado Leal y otros parlamentarios. Las razones son las mismas por las cuales se declaró inadmisible la indicación del diputado Longton”, profundizó la titular del Interior.