Revés para el Gobierno: TC declara inconstitucionales inhabilidad para acceder a la gratuidad y revisión de vestimentas en colegios

El Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucionales diversas disposiciones del proyecto de ley sobre convivencia escolar, conocido como “Escuelas Protegidas”, entre ellas la norma impulsada por el Gobierno que habilitaba a Carabineros de Chile y la PDI a revisar a estudiantes dentro de establecimientos educacionales sin orden previa del Ministerio Público, así como la disposición que condicionaba el acceso a la gratuidad en la educación superior.

La decisión fue adoptada tras el análisis de requerimientos parlamentarios contra distintos artículos del proyecto que buscaba establecer medidas de seguridad, orden y respeto en la comunidad educativa.

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El pleno del TC concluyó que varias de estas normas vulneraban garantías constitucionales, especialmente en lo referido a derechos de niños, niñas y adolescentes y principios del debido proceso.

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Uno de los puntos centrales del fallo es la inconstitucionalidad de la facultad que permitía revisiones de vestimenta y pertenencias de estudiantes al interior de establecimientos educacionales por parte de policías, sin autorización del fiscal, a solicitud de los propios recintos y ante eventuales indicios de delito. El Tribunal estimó que dicha atribución excedía los límites constitucionales.

Asimismo, el TC rechazó la norma que establecía como requisito para acceder o mantener la gratuidad en educación superior no contar con condenas penales firmes por ciertos delitos, fijando además una inhabilidad de cinco años. Según el fallo, esta medida también contravenía la Constitución.

El pronunciamiento también afectó otras disposiciones relacionadas con convivencia escolar, causales de expulsión y restricciones en el sistema de admisión, las que fueron objetadas parcialmente por el Tribunal por su alcance excesivo.

Tras conocerse la resolución, la ministra de Educación, María Paz Arzola, afirmó en Infinita que “nuestro objetivo sigue siendo el mismo” y señaló que el Ejecutivo esperará conocer los fundamentos del fallo para definir los próximos pasos.

Además, sostuvo que “estamos más adelante de lo que estábamos antes de esta ley”, defendiendo que el proyecto mantenía avances en materia de seguridad y convivencia escolar pese a los ajustes que deberán realizarse tras el dictamen del TC.

Tras conocerse la decisión, diversas figuras políticas reaccionaron en redes sociales. Desde la oposición, algunos parlamentarios valoraron el fallo, señalando que el proyecto excedía límites constitucionales y afectaba derechos fundamentales en el ámbito educativo, mientras que desde sectores de gobierno se cuestionó el alcance de la iniciativa original.