El habitar flotante del Shakira Tower I: de inversión patrimonial a toma de arrendatarios que le pagaban «a dios»

Es joven el Shakira Tower I de calle Conferencia esquina Gorbea, en barrio Meiggs, en la comuna de Santiago, casi al límite de Estación Central: se edificó hace más o menos tres años, cuando comenzó la pandemia. Los dueños tuvieron la intención de hacer una inversión patrimonial para arrendar los departamentos. Pero ocurrió lo del covid-19 y «nunca fue ocupado legalmente», resumió el abogado de los dueños, Eduardo Cole, la mañana de este jueves, a las afueras del inmueble.

El jurista miraba el procedimiento de desalojo de 11 de los 36 departamentos que conforman el edificio de llamativo nombre. La cifra se debía a un dato procedimental: solo los residentes de esos 11 estaban individualizados. «Llegó la pandemia y comenzó a ser tomado por algunas personas en algunos departamentos, y esas mismas personas comenzar a arrendar otros departamentos. Cuando se dieron cuenta de que no era necesario pagarlo, dejaron de hacerlo», explicó a ADN.

Los residentes de los departamentos desalojados no están allí hace mucho tiempo. Ninguno, al menos, desde que comenzó el proceso de toma. Hay también otros antecedentes, los policiales, por ejemplo, que hablan de procedimientos con drogas y armas. Pero el procedimiento de esta jornada no contempló nada de eso.

Para entender, hay que cruzar la frontera.

Papeles y migración

Katherine cruzó de manera ilegal al país hace un año y medio. Estaba embarazada. Hoy, su hijo, con quien vivía en el departamento, tiene un año. Cuando la administración anterior hizo el llamado a los migrantes irregulares a autodenunciarse para regular sus situaciones, ella lo hizo, pero «no me han dicho nada».

«Llegué a Santiago como destino, al edificio no. Le pagué a alguien sí. Sé que es ilegal. Pero no tengo dónde irme», contó a los micrófonos de ADN. 

De día ejerce el comercio informal. Sobre las denuncias de drogas y armas encontradas durante procedimientos policiales, pese a que vive allí hace aproximadamente tres meses, asegura: «Eso pasó hace mucho tiempo, la mayoría que queda son todos extranjeros, pero todos trabajan. Ya pasó la guerra. Esas denuncias hoy no existen (…) Los que estamos acá no llevamos más de un año. Ha ido cambiando».

Antes, pagaba por una pieza $200 mil, más agua y luz. Hoy, en el Shakira Tower, no paga nada.

Otro residente, que prefirió no dar su nombre, relató su llegada al inmueble: «Veníamos apenas llegando de nuestro país. Sabíamos que estaba tomado. Venimos apenas llegando de nuestro país. No teníamos dinero, ni papeles, ni trabajo, ni nada. Venimos llegando de Venezuela. Nosotros le pagábamos a dios. Había otros que andaban haciendo las cosas malas se lo tomaron. Algunos se estaban yendo, otros se quedaban aquí y nos decían que nos viniéramos».

Sin papeles, en un país nuevo, habiendo entrado ilegal, frente a la incertidumbre, un departamento en el que no se pagaba arriendo, luz, agua ni otras necesidades, era un oasis. 

Pero Katherine, a un año y medio de haber llegado a Chile y hace tres meses viviendo en el Shakira Tower, propuso: «Esperamos a que llegara el dueño para ofrecerle una manera de pagar. Encontrar un arriendo no es fácil, menos sin papeles. Pero sí queremos que nos arriende. Si viene el dueño y nos permite vivir acá, que le paguemos a él, nosotros contentos. No tenemos problema en pagarle». 

Dueños

Eduardo Cole contó que, tras el desalojo, las puertas serán selladas, soldadas y cerradas con candados. Sobre los otros 25 departamentos, «en un futuro no muy lejano se logrará el mismo cometió de desalojo. No se ha hecho porque no existe la individualización de los demás, pero existe una querella por usurpación, por lo que no sería necesaria la individualización, sino que bastaría la orden de la fiscalía».

No hay órdenes de detención. Ante armas u drogas, se podría aprehender a los involucrados en flagrancia. Pero desde Carabineros aseguraron que la gente ha accedido a dejar las dependencias. Además, los demandantes han dispuesto apoyo para sacar las cosas. Se suma, también, el apoyo de la municipalidad para reubicar a los desalojados.

«Nuestro registro es que en estas inmediaciones existe venta de drogas, uso de armamento. Hemos hecho operativos. Es algo por lo que ha actuado carabineros de la Segunda Comisaría», dijeron desde la policía uniformada, procedimiento facilitado por información de la propia comunidad.

Las dudas, para el abogado Cole, están en la conexión a alguna matriz de agua o luz: tras las denuncias a las empresas proveedoras, se hizo corte de los elementos. Pero«en la práctica, tienen luz y agua».

En relación con los subarriendos, hubo al principio. Es más, hubo «un dueño ilegal, pero después fue sobrepasado».

Otra acción de los dueños fueron las amenazas de muerte: «En algún minuto intentaron recuperar el departamento, pero fueron amenazados con armas de fuego. Inclusive, trataron de poner una administración y la sacaron con armas».