Orellana por postnatal de emergencia: «Despachar a ley un proyecto sin recursos es una irresponsabilidad con las mismas mujeres a las que se está diciendo buscar proteger»

El postnatal de emergencia surgió como una respuesta del Estado ante la emergencia sanitaria producto de la pandemia por covid-19. Y el dinamismo como característica del virus tuvo efectos en las medidas que se adoptaban. Así, el estado de emergencia sanitaria que rige (que, en modesto resumen, flexibiliza decisiones administrativas en el área de la salud) se extendió hasta diciembre, mas no el postnatal, que tuvo fecha de término en septiembre pasado. En paralelo, ese mismo mes comenzaba la disminución de restricciones sanitarias (mascarillas, pase de movilidad, etc.).

El Gobierno presentó un proyecto para permitir la extensión del postnatal de emergencia hasta noviembre. Desde la oposición (diputadas, en su mayoría) presentaron indicaciones para que rigiera hasta diciembre, argumentando que el estado de emergencia duraba hasta el último mes de 2022. Indicaciones inconstitucionales, por cierto, pues considera gasto fiscal. Así, la respuesta del Ejecutivo fue quitarle urgencia al proyecto. «De no haber mediado la intervención del Gobierno ayer, el retiro de urgencia, lo que habría ocurrido es que se habría aprobado y despachado a ley un proyecto sin fondos», explicó la mañana de este jueves la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, en ADN Hoy.

Luego agregó: «El pato no lo iban a pagar las parlamentarias de oposición que propusieron algo inconstitucional; el pato de despachar un proyecto de ley de seguridad social sin fondos lo pagan las mujeres, porque habrían tenido que tener una gran pelea en el Compin y otros para el pago de licencias del permiso postnatal que no tenían los fondos de respaldos. Ese es el problema con lo que hicieron ayer las parlamentarias. Nos pueden decir feministas de cartón, pero lo que nos corresponde como Gobierno es abogar porque las cosas que se propongan, se puedan hacer. Por tanto, despachar a ley un proyecto sin recursos es una irresponsabilidad con las mismas mujeres a las que se está diciendo buscar proteger. Al quitarle la urgencia, que fue la forma que tuvimos como Gobierno de no tirarle la cadena al proyecto, sino buscar un nuevo espacio de diálogo, eso va a volver a la comisión de Trabajo y nosotros tenemos toda la disposición como ejecutivo de seguir buscando un acuerdo, digan lo que digan las parlamentarias de oposición, que están en la del insulto, la de la descalificación».

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, ofreció que se discutiera diciembre como mes aparte. Los cálculos de la Superintendencia de Seguridad Social apuntan a un gasto de $16 mil millones para su ejecución al cierre del año. En ese escenario, la ministra Orellana planteó: «En un acuerdo, ambas partes tienen que ceder. Como Gobierno estamos dispuestos, pese a todo lo que nos dijeron ayer, a llegar a un acuerdo y esperamos que sea por la comisión de Trabajo para que sea lo más rápido posible».

En paralelo, y ante el desescalamiento de las medidas sanitarias, enlistó lo que se hará: «Primero, sobre la educación inicial, tiene que ver con fiscalización y mejoramiento de protocolos para que estemos seguras que no son espacios de infección. En segundo lugar, el Gobierno extendió por un año más, y está en la comisión de presupuesto que esperamos que la oposición lo acoja, ya que de proteger a la infancia se trata, de extender el subsidio laboral Protege».

Registro de deudores

Desde el próximo 18 de noviembre se publicará el registro nacional de deudores de pensiones de alimentos. El llamado de la ministra Orellana es a judicializar estas situaciones, pues «requiere que esto sea un monto de pensión de alimentos fijado por tribunal, de acuerdo a la ley de Código Civil. Eso quiere decir que debe haber un acuerdo judicial o una demanda por pensión de alimentos ante el tribunal de familia. Estos dos mecanismos no sirven para acuerdos de palabra». Para ello está la oficina judicial virtual, pues en algunos casos no se necesita abogado.

«¿Que pasará a partir del 18 de noviembre? Primero, a los deudores que estén en el registro, a partir de tres meses del 18 de noviembre contínuos o cinco meses discontinuos, primero se les va a negar la renovación de la licencia de conducir; segundo, cuando llegue el momento de la operación renta se les va a retener la devolución de impuestos para dirigirla a la cuenta del niño o niña; también se va a denegar la renovación de pasaporte y tampoco van a poder inscribir las ventas de autos o bienes inmuebles, que se tienen que inscribir en el registro civil o conservador de bienes raíces,a menos que se demuestre que ese pago va dirigido al niño o niña, lo mismo que los créditos mayores a 50 UF», cerró Orellana.