Corte Suprema ordenó al Ejecutivo coordinar trabajo con Municipalidad de Iquique por crisis migratoria

La Tercera Sala de la Corte Suprema ordenó a las autoridades del gobierno coordinar con la Municipalidad de Iquique las medidas necesarias que pudieran aparecer y que pudiesen afectar a los habitantes de la misma ciudad, debido a la crisis humanitaria migratoria que se vive en el norte del país.

A juicio de la entidad judicial, lo que se ha hecho hasta hoy en cuanto a manejo de la crisis se refiere ha sido «insuficiente«, lo que podría afectar los derechos constitucionales de los mismos iquiqueños e iquiqueñas.

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La Corte reconoció que la situación es «un problema de carácter público» que ha generado «un conflicto suscitado», necesitado de alivio  de «los efectos de un fenómeno que, además de ser extraordinario, se encuentra en desarrollo».

En esa línea, el «Plan Frontera Segura» y las aduanas sanitarias establecidas en Huara y Colchane «en ningún caso permiten establecer la eficacia y eficiencia de los métodos adoptados para enfrentar de manera adecuada la situación humanitaria y migratoria que se ha generado a partir de la crisis sanitaria en pleno desarrollo, tanto más si se considera que si bien sus efectos nocivos repercuten de manera transversal en la sociedad, indudablemente dichas secuelas incluyen con mayor dureza en los grupos más vulnerables de la misma, tales como los migrantes».

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Sobre lo anterior, se consideró que el actuar de las autoridades «resulta ser arbitraria», pues las medidas han resultado ser insuficientes, «toda vez que un grupo considerable de la población continua viéndose afectado principalmente por el ingreso irregular de asentamiento de grupos de personas en distintos bienes nacionales de uso público», lo que afecta su «integridad física y psíquica».

La crisis, considerada «determinante«, exige la «mayor diligencia a la autoridad«: «las autoridades recurridas deberán en un breve plazo, previa coordinación con la Municipalidad de Iquique, implementar un plan de medidas que procure la protección eficiente e integral de las personas o grupos sociales que han visto amagados sus derechos, con miras a enfrentar de modo adecuado la crisis humanitaria y migratoria en actual desarrollo, procurando, asimismo, cautelar en todo momento los derechos de los migrantes que ingresan al territorio nacional por los pasos fronterizos de la zona afectada», sentenció el organismo judicial.