Contraloría abrió sumario por eventuales irregularidades en compra de cámaras corporales de Carabineros durante gestión de Martorell
De acuerdo al ente fiscalizador, la compra realizada en 2020 por la Subsecretaria de Prevención del Delito no habría cumplido con las bases de la licitación, comprometiendo un monto de $378 millones.
Durante este viernes, la Contraloría anunció que abrió un sumario a la Subsecretaría de Prevención del Delito, por irregularidades en licitación de cámaras corporales de Carabineros durante el 2020, bajo el mandato de la exsubsecretaria, Katherine Martorell.
De acuerdo a lo informado por la Contraloría, la irregulares que se le acusan a Martorell se dieron a conocer por medio del informe N° 277, publicado el 2021, en cual se investigó tanto la licitación, como la ejecución del contrato para adquirir cámaras corporales para Carabineros de Chile.
El texto presentado demuestra que existieron falencias en el proceso mencionado, el cual comprendió la compra de cámaras corporales para la policía uniformada por un monto de $378 millones, en donde se detallaba que dentro de las principales características de estos equipos, se debía encontrar la función de “post recording”, la que consiste en mantener la grabación por 120 segundos luego del apago de la cámara fuese apagada.
La empresa Motorola quién se adjudicó dicha licitación, pero de acuerdo al documento de la Contraloría, la compañía presentó su propuesta fuera del plazo establecido para la postulación, situación que debió declararse inadmisible, sin embargo, igualmente se visó la adjudicación en marzo de 2020.
🔴Contraloría fiscalizó la licitación de compra de cámaras corporales de la @SubPrevDelito, por los hechos descritos se instruye sumario y se remiten antecedentes a @FiscaliadeChile.
👉La nota https://t.co/WALOu29ZW6 pic.twitter.com/L7syln28bB
— Contraloría (@Contraloriacl) October 15, 2021
A lo anterior se suma, que la empresa al momento de presentar su pospuesta no incluyó antecedentes que permitieran demostrar que las cámaras licitadas contaban con la función “post recording”, elemento clave señalado en la licitación.
En es misma línea se demostró que Motorola tampoco cumplió con entregar documentación sobre el plazo de entrega total del sistema, sin embargo, de igual forma se le asignó puntaje máximo.
La Contraloría, solicitó la recepción de las 300 cámaras en cuestión, por medio del cual constató que la Subsecretaria de Prevención del Delito no se encargó de verificar si las cámaras corporales adquiridas cumplían con función de post recording, hecho que implicaba la aplicación de multas por incumplimiento a las bases de licitación.
Es con raíz en todo los antecedentes anteriores, que la Contraloría General de República instruyó “un procedimiento disciplinario, con el fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas involucradas con las materias indicadas”. Además, el organismo envió los antecedentes al Ministerio Público para que determine la eventual configuración de delitos.
