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CIDH declaró admisible demanda del Consejo de Ancianos de Rapanui contra el Estado de Chile

La demanda busca que se establezca que el Estado chileno ha violado el derecho de propiedad sobre tierras ancestrales del pueblo rapanui.

CIDH admitió a trámite demanda del pueblo rapanui contra el Estado de Chile

CIDH admitió a trámite demanda del pueblo rapanui contra el Estado de Chile

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró admisible la demanda presentada por el Consejo de Ancianos de Rapanui en 2015 contra el Estado de Chile, para que se les reconozca la propiedad de los terrenos ancestrales de Isla de Pascua.

En la demanda, que está patrocinada por los abogados Ciro Colombara, Aldo Díaz y Carola Cotroneo, se pide que se establezca la responsabilidad del Estado chileno por la presunta violación del derecho a la propiedad colectiva del pueblo rapanui sobre Isla de Pascua y sus recursos naturales.

La demanda además señala que pese a las solicitudes de reconocimiento y autonomía que se han hecho en forma constante por más de cien años, en la actualidad más del 70% del territorio ancestral rapanui está bajo la propiedad del Estado de Chile, lo que ha generado un daño en el estilo de vida y el desarrollo de ese pueblo.

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Al respecto, el abogado Ciro Colombara explicó que «el objetivo de la denuncia presentada ante la CIDH es que se declare que el Estado de Chile ha violado los derechos del pueblo rapanui desde el Acuerdo de Voluntades de 1888 y, por lo tanto, se establezca la propiedad colectiva del pueblo rapanui sobre su territorio y sobre sus recursos naturales».

En esa misma línea agregó que «la declaración de admisibilidad del caso es muy relevante porque significa que la Comisión aceptó nuestra solicitud de prioridad del caso y concuerda con que el pueblo rapanui tiene derecho de propiedad colectiva sobre su territorio. Es un gran paso adelante y el próximo paso es que la Comisión emita su informe final y luego el caso vaya a la Corte Interamericana de Derechos Humanos».

Tras la admisibilidad, el Estado chileno tiene cuatro meses para entregar sus descargos ante la CIDH antes que el caso sea revisado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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