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Tribunal decretó prisión preventiva para los exfuncionarios de la PDI acusados de haberse quedado con dinero recuperado de un robo

Los detectives desvinculados fueron formalizados por los delitos de malversación de caudales privados, falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación.

Banco Bice

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Esta tarde, el Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para los tres exfuncionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) acusados de haberse quedado con $10 millones de pesos que habían sido recuperados de un robo que ocurrió en julio pasado.

El hecho tiene su inicio el 10 de julio de 2020 cuando personal de Brigada de Robos Metropolitana Oriente dio a conoce que había concretado la detención de Carlos Rodríguez, sujeto que fue formalizado como autor del robo de $20 millones que afectó a una sucursal de banco BICE en Las Condes.

En el operativo para llegar a esta persona, que actualmente está en prisión preventiva, se realizaron allanamientos en su vivienda y en aquella oportunidad la policía civil señaló solo se habían recupera la mitad del botín.

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A tres meses de aquella situación el caso tomó un vuelco, ya que una investigación interna de la PDI determinó que tres funcionarios de la institución se quedaron con dicho dinero. Debido a esto, se realizó una indagatoria penal que lidera la Fiscalía de Occidente y con la cual se logró formalizar a los tres policías por los delitos de malversación de caudales privados, falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación.

«Ya con el dinero incautado en su poder los imputados, funcionarios policiales, y los demás que participaron en el procedimiento policial de entrada y registro e incautación, se dirigieron a su unidad policial y en dicho lugar los imputados sustrajeron parte del dinero incautado que estaba bajo su custodia y que era de propiedad del banco BICE. Específicamente, 10 millones de pesos, los cuales fueron repartidos en partes iguales y que posteriormente ocuparon para fines personales», explicó el persecutor del caso, Eduardo Baeza.

El fiscal también detalló que los acusados «confeccionaron y suscribieron el parte policial número 1213, en el cual faltaron a la verdad al relatar los hechos relativos al procedimiento«.

El tribunal además decretó 120 días de investigación del caso y en paralelo, los funcionarios imputados fueron dados de baja por la PDI.

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