Gobierno Digital: La división detrás de los permisos de la Comisaría Virtual
La repartición, que ha sido objeto de sumarios por posibles irregularidades en licitaciones y acoso laboral, sabía que las personas con Covid-19 podían acceder a las autorizaciones, sin embargo, se demoraron cuatro meses para corregirlo. Ahora, la Contraloría planifica una auditoría a esta unidad.

Gobierno Digital (referencial)
El 24 de marzo el exministro de Salud, Jaime Mañalich, anunció las primeras cuarentenas totales en la Región Metropolitana. Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, Providencia, Ñuñoa, Santiago e Independencia. 7 comunas entrarían a un proceso inédito que también traía el debut de los permisos temporales y salvoconductos que se entregarían a través de la Comisaría Virtual.
Nueve meses antes, el 11 de junio del 2019, fue lanzada la plataforma. Lo hizo el Presidente Sebastián Piñera, acompañado del entonces Ministro del Interior, Andrés Chadwick, y la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell. Fue en una ceremonia en la Plaza de la Constitución y en ese momento se habló de una web que principalmente permitiría dejar constancias como pérdida de documentos o celular, abandono de hogar, fines laborales o régimen de visitas.
Con la pandemia instalada en Chile, eso cambió. El sitio que estaba diseñado para recibir 1.000 constancias, o trámites, diarios, a la fecha ya registra más de 82 millones de permisos entregados. De ellos, 2.208 fueron entregados a 1.744 personas con Covid-19, según información revelada por la Contraloría General de la República, quienes advirtieron que faltó interoperabilidad. En simple: cruzar datos del Servicios de Impuestos Internos, el Ministerio de Salud, el Registro Civil, entre otros.
Si bien es un número bajo en comparación a la totalidad de documentos entregados, el “margen de error” acá significó que personas contagiadas pudieron salir a la calle durante cuatro meses, justo en lo más crítico, hasta ahora, con un peak de 7.249 casos diarios y ,a esa fecha, 2.335 personas fallecidas. Fue recién el 9 de junio que la Comisaría Virtual logró bloquear por sistema a quienes solicitaron algún permiso y tenían coronavirus.
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Cierto es que, quienes pidieron algún permiso temporal y sabían que tenían la enfermedad, incumplieron la ley. De hecho, el tema está en manos del Ministerio Público. Pero, ¿se pudo hacer algo más? El comandante de la Comisaría Virtual, Juan Velásquez, afirmó que «aquí no hubo tiempo para planificar», señalando que solamente hubo tiempo de «responder de forma inmediata» y reconociendo que se prefirió correr el riesgo. Como cualquier proyecto, agregó.
Pero hay quienes aseguran que «el desafío» se podría haber abordado mejor. Así lo manifestó el director del Data Science de la Universidad de Northwestern, investigador del Instituto Milenio de Fundamentos de los Datos y académico de la Universidad de Chile, Ricardo Baeza-Yates, quien sostuvo que fácilmente el Ejecutivo pudo haber entregado una respuesta más práctica ante la contingencia.
«Gobierno Digital debiera proveer una solución sencilla, por ejemplo una API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) de interconexión o equivalente», explicó Baeza-Yates. «No es tan difícil hacer algo ad-hoc», sentenció el destacado investigador de las ciencias de datos.
La División de Gobierno Digital (DGD) depende de la Subsecretaría del Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres). Fue en 2018 que el «proyecto» de la Comisaría Virtual llegó a la DGD. Por ese entonces, según Carabineros, dejaron todo en sus manos: «Quedamos al alero de ese beneficio estatal para poder desarrollar nuestra plataforma», afirmó el comandante Velásquez.
Quien lidera ese equipo en la policía recuerda que «el 25 de agosto de 2017 se le da un puntapié inicial a lo que es la Comisaría Virtual de Carabineros de Chile». Ahí se comenzó a trabajar en materia de planificación, estudios, programa y estructura. Una idea que necesitando un desarrollo informático cruzó con la DGB.
Los nombres al frente de Gobierno Digital
Gobierno Digital funciona como tal desde el segundo gobierno de Michelle Bachelet, en el 2017. Antes, era una «unidad» (como también la hemos llamado en este artículo) que data del 2010. Luego de siete años cambió de nombre, tomó fuerza y es una División del Gobierno con presupuesto anual que supera los 2.500 millones de pesos.
El Covid-19 llegó a las oficinas del piso nueve del Edificio Bicentenario cuando ya habían varios problemas, que como muchos temas, han quedado aún más en evidencia con la pandemia. En casi 10 años de funcionamiento, han pasado ocho personas en el puesto de Jefe de División, todos hombres: Juan Cristóbal Palma, Jorge Alzamora, Juan José Soto, Rafael Ariztia y Alejandro Barros, a ellos se suman Andrés Bustamante (ha estado dos veces al mando) y Francisco Rodríguez, ambos dejando el cargo en la actual administración.
Bustamente es psicólogo y miembro del equipo de Piñera desde su primer gobierno. En el segundo paso por La Moneda, asumió como jefe de la DGD, el año 2018. Su salida quedó marcada por denuncias sobre acoso laboral.
Funcionarios que actualmente están en la DGD conversaron con ADN, claro que decidieron mantener en reserva su identidad por temor a represalias, y contaron que «esa jefatura (Bustamante) trabajó con un círculo de profesionales que no conocían el sector público y no entendían el rol de la DGD, tampoco los alcances de realizar proyectos públicos. Sumado a lo anterior, hubo mucho maltrato a los trabajadores».
De hecho, a mediados de 2019, la Asociación de Funcionarios de la Segpres presentaron una denuncia formal. Un tema que según trabajadores activos de la División no ha sido cerrado. «Esta situación aún se encuentra con un proceso administrativo pendiente, abierto hace más de un año aún sin resultados», afirmaron.
Luego de Andrés Bustamante, quien asumió fue Francisco Rodríguez. Es Ingeniero Comercial de la Universidad Católica de Chile y Máster en Administración Pública de la Universidad de Harvard, militante Evópoli y cercano a Gonzalo Blumel. Le pidieron su renuncia una semana después del último cambio de gabinete realizado el 29 de julio y que también marcó la salida del exministro de Interior y Segpres.
Antes de partir, a inicios de este año, Rodríguez debió enfrentar un sumario administrativo que según fuentes de la Fiscalía de la Segpres, sigue en curso. ¿La razón? Se investigan posibles irregularidades en un proceso de licitación para la actualización de la plataforma DataChile, según información revelada el 20 de abril por El Mostrador.
El sumario generó que el diputado Marcelo Díaz en ese momento oficiara a la Segpres. Hoy el ex PS analiza la salida de Gutiérrez y la situación con la Comisaría Virtual. «Que a través de esa web se le haya otorgado permisos a gente con Covid positivo no es un simple error informático, por lo que los o las responsables deben ser sancionados. A esto se suma, además, situaciones opacas que de igual manera tienen como protagonista a Gobierno Digital, en las que podrían incluso probarse hechos de corrupción por medio de licitaciones fraudulentas. Durante la próxima semana espero oficiar nuevamente a ese ministerio para insistir en mi solicitud y agregar estos nuevos antecedentes», afirmó.
Fuentes cercanas a Rodriguez señalan que en su salida hubo una «jugada política». Esto se suma a que han pasado cuatro ministros por la Segpres en el actual gobierno: Gonzalo Blumel (Evópoli), Felipe Ward (UDI), Claudio Alvarado (UDI) y Cristián Monckeberg (RN).
Política e interoperabilidad
Para Verónica Pinilla, Directora del Área de Modernización de la Fundación Chile 21, ahí radica uno de los principales problemas. «Es complicado cuando temáticas tan importantes en términos de gestión están en manos de un centro de gobierno que está muy supeditado a los vaivenes políticos», indicó.
Pinilla afirmó que el nombramiento de quien lidere la DGD «debería estar sujeto a una definición más técnica a través de ADP, pero también que formen parte de una coordinación técnico-corporativa que sea mucho más estable en el tiempo. Si nosotros queremos no solamente diseñar, sino que implementar una buena política digital, tenemos que ser capaces de generar una buena gobernabilidad al interior de esa política», aconsejó.
La doctora en Políticas Sociales y Administración de la escuela de Sociología y Políticas Sociales de la Universidad de Nottingham en Inglaterra agregó que «hoy día esa política está mucho más enfocada a que las personas que estén entiendan de interoperabilidad y entiendan de política digital», sin embargo, apuntó a que tienen «muy poca relación con el ecosistema político que subyace en la Segpres».
A esto se agrega una reciente columna de opinión escrita por Alejandro Barros, Mario Waissbluth y Carlos Castro del Centro de Sistemas Públicos (CSP) de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. La publicaron en La Tercera y bajo el título de «Paupérrima institucionalidad del gobierno digital».
Entre otras cosas plantean que «contar con una institucionalidad de desarrollo digital acorde con los tiempos que corren, que verdaderamente lidere y acompañe el proceso, es un tema sin resolver. Hoy tenemos una división al interior de un ministerio en el cual la agenda política es lo primero, lo segundo y lo tercero. ¿Cuánto tiempo le pueden dedicar el ministro y el subsecretario de la Segpres al desarrollo digital del Estado?».
Consultados por ADN, en cuanto a la salida de la última jefatura, tanto de la subsecretaría como del propio ministerio, declinaron referirse al tema. En paralelo, fuentes al interior del ministerio señalaron que el rol de la DGB fue solo de «acompañamiento».
Tras un nuevo hito de Comisaría Virtual
Cercanos al equipo que lidera la Segpres reconocen que empujaron el proyecto de la Comisaría Virtual, pero que todo el funcionamiento corresponde netamente a Carabineros, por lo cual descartan que la solicitud de renuncia a Francisco Gutiérrez haya estado vinculada a los permisos entregados a personas contagiadas con Covid-19 durante cuatro meses.
Sin embargo, funcionarios de la División aseguraron a este medio que la página está instalada en una plataforma «simple» y asumen que son ellos quienes deben mantener la web, encargarse de su operación y además de resguardar la información de los datos, como la interoperabilidad de estos con otras instituciones. Afirmaron que «este último trabajo, no se ha realizado por parte de la DGD, y por ello se han presentado errores en los datos en la Comisaría, por ejemplo personas con Covid positivo solicitando permisos».
Luego, emplazaron a las autoridades. «Esto no se cumple por la falta de conocimiento y experiencia de quienes lideran los proyectos emblemáticos en la DGD», apuntando a que el mayor problema es «la falta de experiencia y liderazgo» para coordinar políticamente con otros organismos debido a que hay que dialogar con 24 ministerios, sin contar a los otros órganos del Estado como lo es el Poder Judicial y Poder Legislativo.
En cuanto a la Comisaría Virtual, desde el lunes 24 de agosto debutará ya definitivamente -después de tres semanas de aplazamiento- una nueva modalidad para solicitar documentos. Se deberá contar con un usuario para poder ingresar y desde Carabineros afirman que solo toma unos minutos registrarse. Eso sí, seguirá disponible la opción de entrar vía Clave Única.
Por su parte, la DGD continúa sin jefatura. Esto mientras, sin tener una fecha exacta, la Contraloría General de la República ya planifica una auditoría para esta División. El ente contralor indagará diversos procesos de un estamento que tiene la misión de liderar una eficiente política digital para Chile, una tarea que a ojos de expertos y expertas, aún está pendiente.
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