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Asociación de Notarios y proyecto de modernización: «Afecta la seguridad de las personas»

Si bien el gremio respalda ciertos aspectos de la ley, también critica puntos como el financiamiento y la fiscalización de los fedarios privados.

Asociación de Notarios y proyecto de modernización: «Afecta la seguridad de las personas»

La Cámara de Diputados despachó este martes el proyecto de ley que moderniza los servicios notariales y registrales, con cambios que van desde la incorporación de nuevas tecnologías para agilizar los trámites, hasta la creación de fedarios públicos y privados, pasando por transparentar el sistema de nombramientos.

El presidente de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales, Mauricio Astudillo, señaló que el gremio respalda los aspectos más relevantes del proyecto de ley. También destacó que la Cámara cuestionara puntos que afectan la seguridad jurídica de las personas, tales como el fedatario privado y un repositorio digital en el Registro Civil.

A juicio de Astudillo, la iniciativa legal "no simplifica la vida de las personas, ya que no elimina trámites notariales innecesarios y agrega otros como el envío de las escrituras e inscripciones al Registro Civil".

Advirtió que trámites relevantes se traspasarían a los fedatarios privados, "lo que afecta la seguridad de las personas" ya que "a diferencia de los notarios, no estarán inhabilitados para ejercer como abogados, abriendo la puerta a graves conflictos de interés que irán en perjuicio de las personas".

En esa línea, el líder del gremio apuntó que al ser un alto número de abogados –más de 3.500- hace imposible su fiscalización. "Los fedatarios privados no estarán obligados a vigilar el pago de impuestos que gravan los documentos que autoricen ni serán solidariamente responsables del pago, labor con la que notarios y conservadores entregan al fisco US$ 300 millones al año, con costo cero para el Estado", indicó.

Otro punto clave para Astudillo es que "el valor de implementación del proyecto será siete veces mayor al cálculo dado a conocer por el gobierno", afirmando además que si bien el Ejecutivo estimó $2.100 millones, en realidad se trataría de $16 mil millones, según un estudio de la consultora Ceop presentado por el gremio.

Finalmente, subrayó que habrá una sobrecarga tanto en las labores como en el presupuesto del Registro Civil, ya que la normativa crea tres plataformas a cargo del organismo: el Registro de Interdicciones, el Repositorio Digital y el Archivo Digital de Poderes.

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